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Fiscal general de Aguascalientes presentó su primer informe de labores

  • De marzo a diciembre del 2018 se presentaron 36 mil denuncias por la ciudadanía
  • Se llevaron a cabo más de mil 400 medidas de protección a mujeres

 

El fiscal general del Estado de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, presentó su primer informe de labores ante los integrantes del Congreso del Estado, a la vez que realizó una evaluación del plan de trabajo que se propuso al momento en el que tomó las riendas del ente de procuración de justicia en marzo del 2018.

El funcionario señaló que uno de los primeros objetivos que se propuso fue el de aminorar los tiempos de espera para las personas que acuden a presentar alguna denuncia, así como enfocarse al tema principal ilícito que se presenta en el estado que es el de robo y fortalecer esa unidad, además de utilizar el mecanismo del Código de Procedimientos Penales a favor de la Fiscalía.

Destacó que en el año 2018 se consolidaron algunos aspectos relativos en la Fiscalía del Estado con relación al Sistema de Justicia Penal, al aseverar que la comparación se realizó en relación con el trabajo que desarrollan ellos mismos, ante la situación que calificó de preocupante respecto a los criterios que ponen a Aguascalientes dentro de los primeros lugares en hechos delictivos, lo cual recalcó que mucho tiene que ver con la forma en la que se alimenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que la dependencia reporta todas y cada una de las denuncias que se presentan; de tal manera que en el 2018 se conjuntaron más de 36 mil denuncias, mismas que se transparentan sin ocultar ningún dato para hacer parecer que se tratan de cifras menores: “La convivencia del sistema de justicia nos permite la posibilidad de tener mecanismos alternativos de solución de conflictos para que sean una de las puertas de salida del sistema. Estamos acostumbrados a querer que el responsable de los hechos delictivos vaya directamente a prisión y esto no sería posible, porque el propio sistema establece las posibilidades de salidas alternas para que los asuntos se resuelvan no necesariamente en prisión; actualmente hay 14 medidas cautelares que el sistema nos da, al tratarse además de un sistema nacional”, recalcó el funcionario.

Expuso que han tratado de enfocar los trabajos a la investigación de los hechos delictivos de alto impacto, al mencionar que se duplicaron el números de asuntos judicializados, pues mientras que en 2017 se enviaron a los jueces mil 200 asuntos, en el 2018 se mandaron dos mil 448; se atendieron a 36 mil 500 personas en atención temprana; se canalizaron a prisión preventiva a más de 600 personas; se ejecutaron 183 órdenes de cateo, casi todas enfocadas al narcomenudeo; se llevaron más de cuatro mil audiencia hacia el Poder Judicial del Estado; más de mil carpetas se resolvieron a través de alguno de los mecanismos alternativos y casi 600 asuntos se llevaron a cabo a través del procedimiento abreviado, el cual permite tener una sentencia rápida en un procedimiento judicial; además de que se cumplimentaron más de 800 órdenes de aprehensión y 875 órdenes de comparecencia. Todo lo anterior a partir de marzo a diciembre del año pasado, al ser este el periodo que abarcó el informe presentado.

Destacó que se utilizó la totalidad del fondo destinado para la atención a víctimas, pues mientras en el año 2017 se ejercieron 300 mil pesos de un recurso existente de tres millones de pesos, en el 2018 se agotó el recurso, al ser distribuido a 50 familias que fueron víctimas de algún hecho ilícito y se encuentran en situación vulnerable.

En cuanto al área de atención a las mujeres, que Jesús Figueroa reconoció como una de las más sensibles, se llevaron a cabo más de mil 400 medidas de protección por parte del Ministerio Público para que posteriormente pueda ser ratificadas y ampliadas por parte de un juez.

En los ocho laboratorios que conforman la Dirección de Investigación Pericial se realizaron más de 68 mil dictámenes de diferentes materias. De estos ocho laboratorios, seis de ellos están certificados por una organización norteamericana.

“La Fiscalía del Estado está en constante movimiento, es una fiscalía que quiere hacer las cosas bien, tengo como objetivo el cumplimiento de la ley como única herramienta para poder enfrentar a la delincuencia, sabemos que tenemos muchos asuntos pendientes, que hay quejas de la ciudadanía, pero también tenemos casos de éxito”, manifestó el fiscal al aseverar que más del 60 por ciento de los casos de homicidios fueron resueltos, y en el tema de extorsiones telefónicas se evitó que las víctimas depositarán más de cuatro millones de pesos a los delincuentes.

Recalcó que en la Fiscalía hay el compromiso de cumplir con los derechos humanos, ante la falsa idea de que la procuración de justicia iba siempre acompañada de tortura, la cual en el actual sistema acusatorio no sirve de nada ni permite confesiones forzadas por parte de los imputados; ahora las declaraciones tienen que rendirse ante un juez, “por eso no tiene ningún sentido que nuestros policías e investigadores estén cometiendo tortura”.

Informó que en esta semana la Fiscalía responderá de aceptada la recomendación que les presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de hechos de tortura derivados de los años 2011 y 2012, a la vez que hay una preocupación de que no se cometan actualmente.

De igual manera, se atenderán las recomendaciones que el presidente estatal de la Comisión de Derechos Humanos anunció que presentará a la Fiscalía de tres casos anteriores al año 2018, uno de ellos ocurrido en el 2016, otro en el 2017, y el tercero que involucra a policías municipales, al asegurar que esta administración no ha recibido ninguna recomendación sobre hechos actuales.

Figueroa Ortega externó que ante sus planes de crecimiento el presupuesto asignado para este año no les fue benévolo, ya que se volvió insuficiente luego de que se dieron cuenta que la Fiscalía del estado era la dependencia que menos aportaba al Isssspea aportaba el 43 por ciento de las percepciones del trabajador, ya que por ley se estandarizó para que mínimo se aportara el 60 o 70 por ciento. Esta situación afectó en primera a los trabajadores y ahora al presupuesto de la fiscalía que tuvo que canalizar mayores recursos a los fondos de ahorro y jubilaciones de los trabajadores.

 

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Claudia Rodríguez Loera

Claudia Rodríguez Loera

Reportera en La Jornada Aguascalientes.

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