Opinión

Las diásporas de la ingobernabilidad latinoamericana y su impacto para las ciudades

Por estos días uno de los temas más recurrentes en los medios de comunicación y en las conversaciones cotidianas son el incremento de la migración venezolana en los distintos países de la región, así como el paso de las caravanas migrantes que se han gestado desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Ambos procesos se plantean como la búsqueda desesperada de poblaciones empeñadas en garantizar su subsistencia y alcanzar una mejor calidad de vida ante las situaciones de crisis política, económica y social que se experimenta en sus territorios de origen.

Frente a ambos procesos, nunca antes vistos en una región acostumbrada desde los años 50 a la migración interna rural-urbana ante las asimetrías existentes en la dotación e infraestructuras y servicios básicos entre estos territorios, y a los desplazamientos individuales de jefes de hogar y “emprendedores” hacia Estados Unidos para alcanzar el “American dream” desde finales de los setentas o hacia “la Madre Patria” en los noventa; la respuesta ha transitado entre la solidaridad inicial, el establecimiento de redes de apoyo hasta recientes procesos de xenofobia en los que se demanda el cierre de las fronteras y el robustecimiento de las políticas migratorias.

Con estas últimas actitudes, quienes las promueven, además de incurrir en la intolerancia que tanto cuestionan los latinoamericanos al Gobierno de Donald Trump, olvidan que al interior de sus propios sistemas nacionales se han generado dinámicas económicas, sociales y políticas de expulsión hacia otros países, y que en otras momentos de la historia, como el periodo entre guerras mundiales o durante las dictaduras del cono sur, se vieron beneficiados por la acogida brindada a exiliados de otras latitudes por dinámicas de confrontación político-ideológica, quienes aportaron con creces en el desarrollo económico, social y cultural de las naciones receptoras.

Hasta el momento el tema de las grandes diásporas entre países latinoamericanos había sido un asunto localizado, relacionado con la existencia de conflictos armados internos, tal como sucedió en Centroamérica y en el caso colombiano en los noventas, el cual afectó principalmente a sus vecinos más próximos como Ecuador y Venezuela. Sin embargo el éxodo actual, dejó de ser “gota a gota” para convertirse a grandes concentraciones masivas, caravanas de caminantes, a partir de las cuales se estima la salida aproximadamente de tres millones de venezolanos que se han dispersado por toda la región (un millón en Colombia y 39.500 personas en México según datos de la ACNUR) y más de 7,233 personas que desde Honduras y el Salvador han recorrido aproximadamente 9,200 km desde octubre de 2018 (de las cuales 1,699 solicitaron asilo en México según el Gobierno del Estado de Chiapas).

¿Pero cómo afecta es situación a las ciudades latinoamericanas? En primer lugar la dinámica migratoria a partir de caravanas de caminantes ha implicado para las ciudades y municipios por los que transita el desarrollo de acciones de contingencia para dar albergue temporal a los migrantes, sin que la mayoría de territorios estén preparados para el desarrollo de estas acciones.

Tradicionalmente las zonas fronterizas han sido las que han tenido que desarrollar planes de contingencia frente al tema migratorio o el lugar de refugio de quienes han decidido no continuar el tránsito o se ven imposibilitados para ello, tal como ha ocurrido en los casos de Tijuana en la frontera norte de México o en Cúcuta en el caso colombiano. En estos espacios las autoridades locales se han visto abocadas a diseñar e implementar planes de contingencia e intervenciones en materia de salud pública y seguridad ciudadana, dadas las dimensiones que han venido tomando los fenómenos migratorios contemporáneos, en un contexto en el que la respuesta de las autoridades locales y nacionales es deficiente para anticiparse a los procesos y para asumir las necesidades de sus propios ciudadanos.

Sin embargo, la magnitud y particularidades de la dinámica actual ha llevado a que otras localidades no fronterizas, que no están preparadas para tal fin, han tenido que inmiscuirse en el desarrollo de mecanismos de atención transitoria como albergues temporales, requiriendo el concurso de otros niveles de gobierno y el apoyo de organismos internacionales para ofertar servicios de atención humanitario y orientación migratoria entre otros. Tal es el caso de la Ciudad de México y Bogotá, donde se han constituido albergues transitorios para hacer frente a los procesos de tránsito de migrantes.

En el caso puntual de Ciudad de México, si bien la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha venido ofreciendo en años anteriores servicios de atención a migrantes, en noviembre del año pasado fue adecuado un centro deportivo como albergue temporal con ocasión del paso de la caravana migrante. En este espacio, fueron atendidas alrededor de 5 mil personas, a partir de la articulación del gobierno de la ciudad con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las representaciones internacionales del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y organismos de la sociedad civil mexicana; ofreciéndose servicios médicos, odontológicos y de vacunación. Además de ello se realizaron desde diversos sectores manifestaciones de apoyo y colectas de alimentos, ropa y enseres para esta población.

Además de ello en las distintas ciudades por las que ha transitado la caravana migrante se han acondicionado distintos espacios para la instalación de los migrantes centroamericanos, quienes han sido escoltados en sus recorridos por la policía y el ejército. Los casos más recientes son la llegada de aproximadamente 1,600 migrantes a Coahuila, entre los límites de Arteaga y Saltillo, donde se acondicionaron instalaciones gubernamentales como albergues provisionales de descanso y se establecieron procesos de caracterización de la población para el ofrecimiento de garantías durante sus tránsito por el territorio.

Por su parte, la ciudad de Bogotá tuvo que poner en marcha un albergue temporal para los migrantes que se fueron concentrando alrededor de la terminal de transportes en el sector del Salitre, una zona residencial de clase media, en el que se cobijaron a 180 familias que espontáneamente se ubicaron en este espacio, realizando en estos espacios campañas de salud pública y orientación migratoria para atender a los ciudadanos venezolanos, quienes en su mayoría arribaron a la ciudad atravesando a pie el país, bajo extremas condiciones climáticas (sólo desde la ciudad fronteriza de Cúcuta a Bogotá la distancia es de alrededor de 556 km.). Este espacio fue trasladado en el mes de noviembre al occidente de la ciudad por presión de los vecinos del sector quienes no estaban de acuerdo con este alojamiento, aduciendo problemas de vectores por la concentración de población en espacios sin condiciones de salubridad y situaciones de delincuencia e inseguridad en el sector. El descontento también se hizo también manifiesto por parte de los vecinos del nuevo emplazamiento en la localidad de Engativá, que fue desmantelado en enero de 2019.

Lo que muestran los casos reseñados para el gobierno de las ciudades es que el manejo del tema, a dejado de ser un un asunto coyuntural y humanitario, que demanda la confluencia de distintos niveles de gobierno, local, regional y nacional, y al mismo trasciende las capacidades institucionales de respuesta de estos ámbitos, siendo cada vez más necesario de instrumento de intervención con la confluencia de organismos internacionales para hacerles frente.

Al respecto se han dado pasos en ese sentido como la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para el tratamiento de la situación de los migrantes y refugiados venezolanos, establecida en septiembre de 2018 y compuesta por 40 socios y participantes, dentro de los que se encuentran agencias de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales de la, sociedad civil y de comunidades religiosas; a partir de la cual se expidió en diciembre de 2018 un Plan Regional de Respuesta Humanitaria para los refugiados y migrantes venezolanos.

No obstante, las ciudades deben pensar que cada vez más la migración internacional derivada de las crisis políticas nacionales y de la carencia y degradación de recursos naturales, es una realidad constante, la cual implica desarrollo de instrumentos de intervención que permitan desarrollar tanto los protocolos de ayuda humanitaria establecidos en convenios internacionales como contemplar dentro de sus esquemas de gobierno, mecanismos de acogida a estas poblaciones y para anticiparse a las posibles situaciones de conflicto entre locales y recién llegados, así como a la conformación de guetos y asentamientos precarios carentes de oferta social, los cuales pueden ser aprovechados negativamente por redes de crimen local y transnacional, asociados con prostitución y comercio de drogas ilícitas y otras dinámicas de informalidad, para violentar a poblaciones que ya de por sí han sufrido de la violencia sociopolítica y económica que se experimenta en sus países de origen.

Es entendible que la no respuesta de las autoridades locales sea el producto de la misma complejidad del fenómeno, sin embargo, la inacción es la que conduce a que se empiezan a generar conflictos entre las poblaciones locales y los migrantes, luego de etapas de solidaridad inicial. De esta manera los habitantes originarios y los migrantes quedan atrapados en situaciones de precariedad y competencia por recursos y oportunidades que da lugar a brotes de xenofobia, lo cual plantea la pregunta sobre qué curso de acción tomar para evitar la conflictividad social.

Ante estas circunstancias ¿Qué respuesta deben tomar las ciudades?, ¿levantar muros?, ¿dejar el proceso desatendido o en manos de otras autoridades públicas? La respuesta ante todo debe enmarcarse en los principios del respeto y garantía de los derechos humanos, siendo estas crisis una oportunidad para que los gobiernos locales se conviertan en agentes más activos del ordenamiento y gestión territorial, sensibles a las necesidades de sus territorios. Las migraciones son un síntoma de años de malas gestiones al interior de las ciudades como espacios de gobierno y de la incapacidad de proveer a los ciudadanos de mecanismos de convivencia pacífica que permitan tramitar sus diferencias políticas. Estas crisis tienen que ser la oportunidad para enmendar errores en la gestión del gobierno urbano y recuperar lo humano como principio de la gestión de lo público.

Si bien, desarrollar una oferta se servicios sociales y mecanismos de gestión pública frente a la migración puede significar una coste económico para las ciudades y municipios, que tal vez no estén en capacidad de asumir, el desarrollo de estrategias de acogida, esta situación puede permitir sacar utilidad de lo que trae consigo la migración. Tal como el intercambio cultural, en especial de saberes y experiencias en distintos ámbitos de la vida social, la disposición de mayor población en edad de trabajar, que puede permitir suplir la reducción del bono demográfico que se está presentando en los países de la región como Colombia y México.

Es una oportunidad para fortalecer los sistemas productivos locales de las ciudades receptoras y para pensar nuevos esquemas de gobierno y de gestión urbana con la concurrencia de los organismos internacionales, el sector solidario y la cooperación internacional.

Bibliografía

Regional Refugee And Migrant Response Plan for Refugees and Migrants from Venezuela January-December, 2019. Disponible en: https://bit.ly/2LyVk1r

arualnellab@gmail.com

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Análisis de Políticas Públicas y en Magister en Ordenamiento Urbano Regional. Doctora en Estudios Urbanos y Ambientales por el Colegio de México. Se desempeña como docente y consultora.

 

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Laura Milena Ballén

Laura Milena Ballén

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