La reciente detención de Martín Alejandro Macedo Barrera, alias “Kamala”, en la Ciudad de México, representa un nuevo giro en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Su arresto, ejecutado por la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con diversas fuerzas de seguridad federales, se da en el contexto de la búsqueda de justicia en un caso que sigue marcado por la impunidad y la falta de respuestas definitivas.
De acuerdo con las investigaciones, “Kamala” habría participado activamente en la desaparición forzada de los estudiantes, siguiendo órdenes de un individuo identificado como “Choky”, presunto líder de una célula delictiva del cártel Guerreros Unidos. Su testimonio, recogido en expedientes oficiales, señala que disparó contra los normalistas durante los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Posteriormente, los estudiantes fueron llevados a una casa de seguridad, donde se les habría ejecutado de inmediato. Los cuerpos fueron enterrados en un rancho con una excavadora, mientras que otros fueron incinerados.
El operativo que condujo a su captura se llevó a cabo en la alcaldía Iztapalapa, específicamente en la colonia Cerro de la Estrella, sobre la avenida Tláhuac. Con base en información de inteligencia, las fuerzas de seguridad identificaron su zona de movilidad y procedieron a su aprehensión en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada. Tras su captura, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación legal.
La detención de “Kamala” se suma a la de David Cruz Hernández, alias “Chino” o “Bombero”, ocurrida en enero de 2025. Este último, identificado como exbombero de Protección Civil de Iguala y presunto miembro del grupo criminal Guerreros Unidos, habría desempeñado funciones como halcón y sicario durante los eventos de 2014. Ambos arrestos refuerzan la línea de investigación que apunta a la colusión entre autoridades y grupos del crimen organizado en la desaparición de los estudiantes.
A casi once años de los hechos, la captura de individuos vinculados con el caso Ayotzinapa es vista como un avance en las investigaciones. Sin embargo, la incertidumbre persiste, pues la falta de hallazgos concluyentes sobre el paradero de los estudiantes sigue siendo una herida abierta para las familias y la sociedad en general. El gobierno ha reiterado su compromiso con la justicia, pero los cuestionamientos sobre la efectividad de la estrategia y la transparencia de la investigación continúan latentes.
En un contexto donde la confianza en las instituciones se encuentra fracturada, la detención de “Kamala” plantea una interrogante clave: ¿es un paso significativo hacia la verdad o simplemente otro eslabón en una cadena de detenciones que no esclarecen del todo lo ocurrido? La respuesta sigue siendo incierta, y la exigencia de justicia por parte de los familiares de los normalistas permanece vigente.
