México, D.F.- Derivado del excesivo cobro de intereses y del creciente negocio lucrativo en que se han convertido las denominadas casas de empeño, El PRI en el Senado, en voz del Senador Carlos Lozano, presentó diversas reformas para regular su funcionamiento y así “evitar que se lucre con la necesidad de la gente”.
“Para muchos mexicanos, este es el único medio de obtener un crédito y ante esta situación, se cometen abusos y lo que debiera ser un servicio de asistencia social, ha devenido en una actividad que no se ha podido regular y que se expande sin ningún control”, afirmó el legislador al cuestionarlo sobre los alcances de la reforma.
Expresó además que “no es justo que en estos tiempos de crisis, estos establecimientos sigan cobrando créditos sobre garantía prendaria, con intereses anuales del orden del 360 por ciento, cuando la tasa de interés interbancaria es de alrededor del 9 por ciento”, y mencionó que esto se ha convertido en una verdadera práctica de usura por parte de los prestamistas que nada tiene que ver con la asistencia social.
En México, durante los últimos años, han aparecido más de 3 mil 500 empresas dedicadas al préstamo prendario; razón por la que es fácil intuir que esto no es derivado de un interés social y mucho menos altruista, sino que representa “el gran negocio de la crisis”.
La reforma – que contempla cambios a la Ley de Protección al Consumidor, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros-, permitiría regular las contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria como actividades auxiliares de crédito, lo cual significa que éstas estarían consideradas como parte de los sistemas financieros y no bajo un régimen comercial.
La reforma pretende que se incorpore a todo tipo de casas de empeño, como entes obligados al cumplimiento de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a efecto de reformar su regulación en temas tales como contratos de adhesión, publicidad, comisiones y Costo Anual Total (CAT), lo que significa un mayor control en los costos de los servicios.
Se otorgan además facultades preventivas, conciliatorias y correctivas a la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (CONDUSEF), para que sea el ente gubernamental encargado de supervisar y vigilar el cumplimiento de la normatividad de las casas de empeño, así como de atender las reclamaciones de los usuarios de los servicios que presten.
“Como legisladores tenemos la obligación de ‘reordenar’ aquellos temas que tengan que ver directamente con el ingreso de la gente”, precisó Carlos Lozano al ser cuestionado sobre la necesidad de revisar todos aquellos servicios financieros que aún no cuentan con regulaciones y controles transparentes.
A este respecto, mencionó además que “las empresas que no se sujeten a esta normatividad, no tendrán otra opción más que desaparecer” y puntualizó, “no se trata de una reforma ‘al aire’ sino que se trata de regular aquellas entidades que no están siendo justas con lo que cobran a la gente por sus servicios.”
