Después de que el Congreso del Estado fuera objeto de un linchamiento mediático, aparentemente ayer fue el turno de cobrar ‘venganza’ por parte de los legisladores locales, quienes desecharon el dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas que había promovido la Iniciativa de Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional de Aguascalientes, presentada, casualmente, por el gobernador Luis Armando Reynoso Femat.
En sesión ordinaria de la sexagésima Legislatura del Congreso del Estado, fueron presentados diversos dictámenes de Gobernación y Puntos Constitucionales, Justicia, así como de la quincuagésima octava Legislatura y un punto de acuerdo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con respecto al dictamen de las Comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como la de Justicia, sobre el detalle de la Iniciativa que contiene reformas y adiciones a la Constitución Política local, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado y Ley del Procedimiento Administrativo del Estado, presentada por el diputado Jorge Ortiz Gallegos, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, éste -allí sí- fue aprobado de manera unánime, lo que finalmente le otorgará al Tribunal Contencioso Administrativo del Estado facultades para sancionar a la concesionaria de aguas en caso de que se comprueben abusos contra los usuarios.
Tras esto, se aprobó por mayoría declarar improcedente el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, sobre la Iniciativa de reformas a la Constitución Política local en sus artículos 22, 66 y 85, presentada por el diputado Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la quincuagésima octava Legislatura, para prohibir a los diputados, durante el período de su encargo, del desempeño de cualquier otra comisión o empleo de la Federación, del estado o municipios por los cuales se disfrute sueldo.
Allí fue cuando la sesión comenzó a ponerse interesante, pues la diputada panista Patricia Lucio Ochoa leyó un posicionamiento respecto a su voto en contra, en el que dijo: “demandamos responsabilidad y trabajo en total despego a los intereses personales, sindicales o de partido; no podemos manejar dobles rostros ante la sociedad. La congruencia debe ser un valor principal en nuestros trabajos como legisladores”, y aclaró: “no estamos en contra de los maestros, pero queremos que exista congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos”.
Esto hizo que la diputada perredista Nora Ruvalcaba Gámez, reaccionara de inmediato, y solicitó el uso de la voz para responderle a la panista: “no admito los señalamientos de falta de ética y doble moral, porque todos los maestros diputados que estamos trabajando tenemos una licencia sin goce de sueldo en el Instituto de Educación”. Tras la arenga de Ruvalcaba, ésta arrancó un aplauso de sus compañeros diputados, dando por concluido el momento más álgido de la sesión.
Con respecto a la Iniciativa de reformas que contempla la creación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, así como el Instituto de la Biodiversidad del Estado de Aguascalientes, éste fue desechado por la mayoría de los diputados, por improcedente. En su defensa, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, reconoció que “gracias al apoyo de todos los legisladores, a principio del mes de enero pasado se aprobó la creación de un Instituto de la Biodiversidad, pero no con las características que plantea la iniciativa hoy tratada, sino como un órgano interno del IMAE, que para un servidor y como promovente ya es un gran avance, aunque seguiré buscando que este instituto sea un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con autonomía técnica y gestión”.
Se acordó también exhortar al Comité Técnico del Fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores migratorios, a que inicie la investigación de las anomalías, hechos irregulares y actos dolosos que se cometieron en el Estado de Aguascalientes en agravio de los ex braceros y sus familiares.
Luego, el diputado César Amado Cervantes, a nombre de los legisladores que integran cuatro de las cinco fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado: PRI, PC, PVEM, PRD, y él como independiente, presentó ante el pleno legislativo una Iniciativa de reforma al artículo 27, Fracción 30, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la cual tiene por objeto citar a comparecer al gobernador del estado cuando las dos terceras partes de los legisladores así lo consideren necesario, a fin de que “aclaré, explique, proporcione información y/o conteste las preguntas que los legisladores tengan a bien formularse sobre temas de interés público, o bien, sobre el estado que guarden las dependencias y entidades a su cargo”.
El diputado Vicente Pérez Almanza volvió a hablar sobre los hechos registrados el pasado viernes 20 de febrero, señalando que “hechos como estos nos hacen reflexionar que hemos visto con asombro, cómo el Ejecutivo del estado pretende legitimar la violación a la ley, diciendo que no existe otro camino que la “mano dura”, que en las estrategias no se ejecutan”. Finalmente, el legislador José Robles Gutiérrez presentó la Iniciativa de reforma al artículo 87 de la Legislación Penal Local, para tipificar como delito electoral la difusión de cualquier programa gubernamental a nombre de un aspirante, precandidato, candidato, asociación política nacional o estatal o partido político.
