El debate más relevante en los últimos días, y no por ello de mayor impacto en la opinión publicada, ha sido la reciente aprobación por parte de una iniciativa legislativa que permite la denominada “eutanasia pasiva” en el estado.
Su promovente, una aguerrida legisladora, ha demostrado una deslumbrante valentía para avanzar en temas para los que muchos pensarían que la sociedad aguascalentense “no está lista”. Bajo esa misma premisa conservadora, de subestimar a los ciudadanos, servidores públicos de todo tipo no han vacilado en descalificar que un periódico defienda el tema en la palestra pública y aparte sostenga lo evidente, que la ley aprobada y próxima a ser publicada no significa otra cosa que la eutanasia. Aún con el agregado de “pasiva” que podría matizar.
La influencia de poderes conservadores llega a grado tal que supera, entre las agendas legislativas de los partidos políticos, al contundente hecho de que la eutanasia para pacientes terminales es aprobada por dos terceras partes de los mexicanos (así lo demuestran las consultas más serias aplicadas, cuando menos, desde 2005, año en el que la iniciativa se discutió en el DF).
La iniciativa aprobada para el caso de nuestro estado tiene el mismo sentido jurídico, el mismo marco normativo y procedimental y la misma estructura conceptual que la del Distrito Federal. Toda la prensa nacional e internacional (Crónica, Reforma, El Mundo, la BBC, El Economista y La Jornada, por citar algunos ejemplos), entonces, discutió sobre la legalización de la eutanasia. También la agencia de noticias EFE así lo sentenció, al tiempo que en su comunicado señalaba que “La eutanasia pasiva consiste en dejar de suministrar los medicamentos o retirar los aparatos que mantienen con vida artificialmente a un paciente terminal, mientras que la eutanasia activa se provoca directamente la muerte del enfermo.” El diario español El Mundo, uno de los medios impresos de mayor penetración en la derecha liberal ibérica, calificó a la “voluntad anticipada” como un “eufemismo” de la eutanasia.
La discusión no es sólo semántica, como bien apuntó el secretario general de gobierno, Juan Ángel José Pérez Talamantes, sino que tiene relevancia en el sentido de que el Legislativo es el poder en el que, en un sistema presidencialista con división de poderes, se construye ciudadanía. La función del Congreso es “iluminar” la agenda pública, y eso incluye decirle a las cosas por su nombre.
Sin embargo, eso no es lo más importante de la discusión, sino el hecho de que, como en ningún otro momento de esta legislatura, la fluida comunicación entre los poderes vaya a permitir al estado contar con una de las legislaciones más vanguardistas en la materia en todo el país. Algo que se agradece, pese a cualquier matiz.
