Sociedad y Justicia

“La concesionaria de agua potable es un monstruo”: Guillermo Macías

En opinión del reconocido abogado Guillermo Macías y Díaz Infante, “la concesionaria de aguas de Aguascalientes está usufructuando el miedo y la ignorancia de las autoridades vinculadas con el servicio de agua potable; la concesionaria es un monstruo al que le han venido teniendo miedo los funcionarios municipales, y sigue habiendo mucha escasez de agua en muchos lados, y sigue habiendo el problema de la facturación, y la tarifa en sí misma sigue siendo muy alta”.

Según Macías y Díaz Infante, “la concesionaria se ríe, se mofa de las autoridades, no les hace caso, le pueden mandar requerimientos de información, y la concesionaria se ríe de ellos, los ignora; con decirte que la concesionaria cambió su denominación social y el municipio ni siquiera estaba enterado del nuevo nombre”.

El entrevistado por La Jornada Aguascalientes explicó que el punto antes referido no es intrascendente, toda vez que a partir de ello se derivan muchos cambios estructurales en la concesionaria, que el gobierno municipal desconoce; “y la concesionaria no le da la información, se ríe, porque los gobiernos municipales de 1995 para acá, no han actuado con mano dura, firme, porque le tienen miedo”.

Aclaró el abogado Guillermo Macías, que la apatía de las autoridades municipales no es porque carezcan de facultades para tomar las medidas que el caso demanda.

“Claro que las tiene, pero le tienen miedo a la concesionaria, por que siente el gobierno municipal que, al afectar a la concesionaria, se cae el servicio de agua potable, y que si se cae el servicio, cae el gobierno. Pero, no sería esa la consecuencia: el miedo de afectar a la concesionaria está ante todo en la cuestión financiera, porque la concesionaria contrató créditos bancarios carísimos, sin autorización del gobierno municipal, y dejó empeñado el servicio de agua potable de una manera impresionante, por eso el servicio de agua es caro, porque tienen que pagar una alto costo financiero”.

Al subrayar que todo ese endeudamiento lo contrató la CAASA sin autorización del municipio, reitera Macías que, por tanto, son contratos de crédito ilegal, y motivo suficiente para cancelar la concesión.

“Sería suficiente para cancelar la concesión, y sin perjudicar las arcas municipales, porque si fue contratado como servicio público concesionado por una empresa y un banco, el banco tiene responsabilidad por haber otorgado el crédito en condiciones de ilegalidad, porque es un servicio público concesionado, está publicada la ley de la concesión, todo el orden jurídico del servicio público se divulgó para efectos de que lo conociera todo mundo y por ese sólo hecho, es conocida por todo el mundo, y los bancos no pueden alegar que a ellos debe responderles el municipio”.

 Advirtió el profesionista, que si entre ellos “hicieron el trato en lo oscurito sin autorización del municipio, los dos se friegan y el municipio puede retomar el servicio sin el costo financiero de responder por ese adeudo”.

¿Es tanta la ignorancia de la autoridad? –preguntamos.

“Es ignorancia y es miedo, les da frío”, respondió Macías y Díaz Infante; y respecto a los motivos políticos que pudieran estar interfiriendo para que la autoridad no actúe, dijo creer que aplican el “dejar hacer, dejar pasar. Hoy doy el servicio, la gente viene por sus descuentitos, y ahí vamos, y mientras tanto, la concesionaria sigue no sólo incumpliendo en muchas cuestiones con el servicio público, sino que sigue siendo un coto de beneficio económico a costillas del interés público.

“Entre otras cosas, déjame decirte, que de todas las obras de mantenimiento que tienen que realizarse, no existe ningún control de calidad, y al existir ese control de calidad, toda la infraestructura que están creando, no va a durar, más allá del término de la concesión. Y cuando la concesión se acabe, la concesionaria va a devolver al municipio una red inservible”.

Hizo notar Guillermo Macías, que la concesionaria presta el servicio con activos que no son suyos, sino de sus empresas satélites, y eso es indebido en un sistema de concesión, porque el aparato público queda al descubierto si retoma el servicio, porque la empresa concesionaria no pasa de ser una escritura pública en un papel, pero los activos, la maquinaria, todos los equipos de administrativo, operativo, todo está en otras empresas, que además le cobran servicios carísimos, se cobra a sí misma y se paga lo que quiere, y se inflan de manera impresionante los costos.

Macías y Díaz Infante destacó también el hecho de que “con el rollo populachero de los descuentitos, se hace evidente que es un servicio público en el cual la autoridad no obstante tener todas las facultades legales, no tiene, de hecho, la rectoría; y está incumpliéndose con el pingüe interés público, porque esta percepción de servicio público en las mejores condiciones para la población, es un servicio de regular a malo y muy caro”.

Consecuentemente, Macías y Díaz Infante sugirió una revisión de la concesión. “Debe ser revisada, para que el gobierno municipal imponga las condiciones, pero no para que se vea como una negociación con la concesionaria, y cumplirle todos sus caprichos. La concesión es un acto de voluntad del ente público que es, a fin de cuentas la ciudad, y si la concesionaria quiere prestar el servicio de agua potable, que sea con las condiciones del municipio”.

No obstante, Macías y Díaz Infante no dijo que la revocación de la concesión sea una medida recomendable. “A partir de la existencia de la concesión puedes imponer las condiciones, pero se necesitan pantalones. Para empezar, la autoridad no conoce la situación financiera de CAASA, que hoy se llama Proactivo Medio Ambiente CAASA. No se conocen sus activos, su relación de personal, sus montos de costo de obra, no le dan al municipio información de nada.

“Es un barril sin fondo, al que el gobierno le está metiendo recursos todavía y se está beneficiando una institución privada, que está sangrando a la economía pública a través de las tarifas, y del dinero que le saca al gobierno.

“Es impresionante que nosotros como municipio, como población, como una comunidad, sigamos permitiendo ese tipo de sangría a la economía pública. Porque, te insisto: CAASA se ríe de los requerimientos de la presidencia municipal, no les hace caso”, concluyó el entrevistado.

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