Definirse ciudadano se ha significado como el deslinde de pertenencia o simpatía a un partido político. Es el comentario generalizado y aclaratorio de decencia política; con frecuencia escuchamos ¡yo no pertenezco a ningún partido político, soy un ciudadano común y corriente! Este comentario que se ha naturalizado como axiomático, cobra vigencia en cada proceso electoral, local o federal, dado el bombardeo publicitario, tanto de candidatos como de autoridades.
Al respecto, se cuenta con una autoridad que organiza y califica las elecciones, ciudadanizada, que no cuenta con el aval de credibilidad de los ciudadanos, dada la percepción de ser un instrumento de los partidos políticos o bien que opera bajo designios del gobierno en turno o sometidos a los intereses de una clase dominante. Los hechos lo demuestran.
En lo individual, los ciudadanos tienen, sin expresarlo así, la concepción de sujetos de derechos políticos y obligaciones de algunos deberes como miembros de una sociedad. Dentro de los derechos identificados plenamente se encuentra el de elegir a sus representantes. Se reconoce el poder del voto y su confianza de respeto al mismo, siempre y cuando durante el proceso se respeten los principios rectores de imparcialidad, certeza, legalidad y objetividad. Se reconoce que si se vulnera uno de esos principios rectores, los resultados serán cuestionados.
Con la premisa de no pertenencia a partido político alguno, resulta que el partido mayoritario es el partido de los ciudadanos. Sin embargo y a pesar de contar con esa mayoría abrumadora, en las urnas se refleja lo contrario y se convierte en mayoría manipulada por las minorías. Los índices de abstención son cada vez más preocupantes; los votos nulos, que pueden ser una postura política, significan porcentajes cada vez más elevados, tanto que con ellos se podría lograr registro de uno o más partidos políticos.
Permea el desencanto ciudadano a consecuencia de la clase política: sus actitudes, su divorcio del electorado, su desatención a las demandas sociales, la corrupción, el tráfico de influencias, privilegios, intereses personales, sus discursos alejados de la realidad, la impunidad, las injusticias cometidas, su inmoralidad, sus privilegios, sus incongruencias, sus mentiras, sus engaños y un largo etcétera.
Todo tiene límites. Nuevamente los ciudadanos se manifiestan hartos. Ya no importan los nombres ni los partidos. Hace algunas semanas escribí en esta columna sobre un grupo ciudadano que convoca a la acción protagónica en el actual proceso electoral federal y de cara al proceso local del año próximo.
La esencia de la acción propuesta se finca en obligar a los candidatos, todos, a asumir la exigencia ciudadana de incorporar a sus agendas legislativas las demandas que surgen desde la base social, entre otras, la creación de una ley de participación ciudadana que contemple las figuras de revocación de mandato, referéndum, plebiscito e iniciativa popular. Se incluye la demanda de reducción de salarios, la desaparición de la representación proporcional (plurinominales), la rendición de cuentas.
El trabajo desplegado por este grupo, que hará su presentación pública en breve, incluye la pinta de bardas con textos claros y concisos de las demandas. Estratégicamente ubicadas, no habrá manera que los candidatos en sus periplos no se encuentren con ellas y menos aun que no lean los mensajes. Ya he visto algún video preliminar, sin edición, de un ciudadano que da testimonio del por qué ha cedido la barda de su casa a este grupo. Su argumento es el convencimiento de que la fuerza está en los ciudadanos como fuerza mayoritaria y soberana en sus decisiones.
Es claro que no se exige la desaparición de la clase política sino una clase política que cumpla los compromisos adquiridos.
Por otra parte, circula en la red un correo cuya esencia es similar a la planteada arriba y le llaman el “mínimo común denominador”. Es otra propuesta ciudadana complementaria que dirige, en buena medida, sus baterías al fortalecimiento de la educación y el fomento a la investigación científica, utilizando recursos ahorrados por la disminución de diputados y senadores en número, así como recursos de la disminución de salarios de la clase gobernante.
La primera propuesta ha tenido ya aceptación regional, la segunda la recibo desde Chiapas (desconozco si allá se generó). El hecho claro es que la demanda social, aventuro, se da en toda la República.
Tengo conocimiento de otras organizaciones civiles que por su cuenta estipulan sus propias demandas, de acuerdo a las características que los reúnen como organización. De objetivos diversos cada una de ellas, justifican el que se les preste atención por parte de los candidatos que, quieran o no, tendrán que modificar sus esquemas tradicionales de campañas.
El activismo que se percibe en las organizaciones de ciudadanos se fortalecería notoriamente y serían merecedoras de mayor respeto si se empiezan a vincular unas con otras con respeto, con solidaridad, sin protagonismos y sin falsos celos por paternidad de ideas. Es tiempo de los ciudadanos.
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