Nadie en este país debe obediencia al gobierno usurpador, aun cuando éste utilice a las fuerzas armadas para alcanzar la legitimidad que el pueblo mexicano le negó en las urnas. Felipe Calderón Hinojosa llega a Aguascalientes a fortalecer su campaña mediática a favor de su partido, en momentos en que su amasiato con el PRI ha sufrido de dolorosos desencuentros que han complicado las relaciones de su gobierno con el Poder Legislativo, donde los tricolores ya empezaron a refrescarle la memoria recordándole que, sin ellos, jamás hubiera asumido la presidencia espuria. En otras palabras, el PRI le ha echado en cara al presidente ilegítimo que gracias a ellos y sólo a ellos, él seguirá desempeñando el papel de usurpador más allá de su incapacidad como gobernante. Bajo este contexto, queda clara la incapacidad del usurpador al no poder someter a los tribunales civiles la actuación delictiva del Ejército Mexicano, transformado hoy en un vulgar traficante de miseria al servicio del crimen organizado. Quién puede negar que el desarrollo del narcotráfico en México y su preponderancia en la economía nacional sólo se explica con la complicidad y la protección que el Ejército Mexicano ha brindado a los principales cárteles de la droga y al control que las fuerzas armadas ejercen en las fronteras y en los litorales marítimos. Todos sabemos que el comercio de la droga a gran escala se opera con la venia del cerrado círculo de generales administradores de la justicia militar, que tienen bajo su control en todos los rincones del país a las autoridades civiles, estatales y municipales, que nada pueden hacer ante el autoritarismo castrense de los militares encargados de la seguridad pública, quienes, a pesar de sus fechorías, sólo se someten a la jurisdicción militar y no a los juzgados civiles, cuando estos son acusados por violaciones a los derechos humanos y delitos contra la población civil. El usurpador Felipe Calderón, comandante supremo de las fuerzas armadas de México, no tiene empacho en seguir ignorando la sistemática violación a los derechos humanos y la insultante impunidad que el Ejército Mexicano, bajo su mando, está cometiendo a lo largo y ancho del país, con el pretexto del combate al crimen organizado.
Asesinatos, ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, torturas, asaltos domiciliarios, brutal ferocidad y privación ilegal de la libertad son sólo algunas de las violaciones y atropellos a las garantías individuales que los militares, con absoluta impunidad, cometen en nombre de la seguridad. Nadie olvida el asalto a las oficinas del Congreso del Estado y la violencia ejercida contra los trabajadores del Poder Legislativo, bajo el mando del gorila Rolando Eugenio Eddy, quien dirige la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, y quien se ha caracterizado por imponer el sello de la casa solapado por los altos mandos militares; quienes, a su vez, han hecho del “tapaos los unos a los otros” la principal virtud del Ejército Mexicano.
Quién entonces deberá obediencia a un gobierno usurpador o a todos aquellos que asuman funciones o cargos públicos por la fuerza de las armas. Es ésta la razón por la que Felipe Calderón solapa a una de las instituciones que, por su naturaleza, nadie puede tocar ni con el pétalo de un discurso. La detención de soldados por su colaboración con narcotraficantes en Sinaloa y la sentencia a los generales Humberto Quiroz Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro, no deben quedar en el olvido. Es necesario reabrir el viejo debate sobre la participación de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico. El Ejército Mexicano, la institución mejor calificada por los mexicanos, gracias a la magia de la televisión, seguirá patrullando las calles y plazas de la República por así convenir a los intereses de la oligarquía, y poco importará si las fuerzas armadas pierden credibilidad ante la opinión pública, mientras el “pelelato” se mantenga gracias a los alfileres con los que el PRI sostiene la Presidencia, y el ejército la legitimidad nunca alcanzada por el presidente espurio.
