Durante el pasado año 2008 padecimos un permanente arrebato de parte de los grandes concesionarios de radio y televisión, debido a la aparente pérdida de un negocio que floreció durante los últimos años, como lo fue la venta de spots a los gobiernos, partidos y candidatos.
Más allá del clima de furia en contra de las reformas que se realizaron, incluso más allá del aire triunfalista que asumieron los tres principales partidos y parte de la intelectualidad mexicana, que denominaron a la reforma electoral como una de “Tercera Generación”, proclamando que el dinero y los medios ya no tendrían ni el dominio de las campañas, que tampoco se tendrían sometidos a los candidatos; si observamos con atención, lo que se abrió fue la puerta para que la ecuación dinero/medios = poder político se trasladara a una zona más oscura que la que se presentó durante la campaña de 2006. ¿Por qué? Es claro que la reforma incluyó temas que permanecían latentes como de urgente resolución, tales como el establecimiento de los tiempos del Estado como única vía para la publicidad electoral en radio y televisión; como la prohibición a posibles terceros involucrados en la compra de publicidad electoral o la prohibición a las entidades públicas de hacer publicidad que implique la promoción personalizada de cualquier servidor público. Sin embargo, estas disposiciones son ya en estos momentos insuficientes ante la cultura de ilegalidad o de trampa que impregna a gran parte de la clase política y a la mayoría de los medios de información en nuestro país.
Nunca los grandes conglomerados mediáticos estuvieron dispuestos a perder el negocio que representa la lucha electoral, y desde el primer momento buscaron la ruta para recuperar las ganancias aparentemente perdidas, además de que, -salvo que de la noche a la mañana los partidos y sus potenciales candidatos, en conjunto con los grupos de interés que los acompañan se hubieran convertido en los ángeles y serafines que nunca han sido-, lo evidente es que estos también buscaron la manera en que habrían de burlar la expresión constitucional y legal que ellos mismos aprobaron.
¿De qué manera lo han planteado? De una forma relativamente sencilla. A través de la compra – venta de contenidos, no solamente en noticiarios y programas de análisis, sino en cualquiera de los espacios de información y entretenimiento, que durante casi las 24 horas observamos y escuchamos en las pantallas.
Lo que se prohibió por lo difícil de fiscalizar con exactitud, se trasladó a espacios casi imposibles de detectar cabalmente. Si después de 2006 tuvimos 280 mil spots no declarados, en 2009, -tan sólo como ensayo de lo que vendrá en 2012-, tendremos millones de opiniones favorables y desfavorables pagadas sin comprobación, sin facturación alguna; comentarios que no sólo realizan los conductores o lectores de noticias, sino quien pronostica el clima, quien da las notas de espectáculo, quien da consejos de belleza o por parte de los actores estelares de la telenovela de moda. Risible, tal vez. Imposible, no. Todo ello ya se presentó durante el pasado proceso federal y se ha mantenido presente en elecciones locales. Al parecer, además, no existe forma inmediata de detenerlo. Es ya el mercado negro de la difusión de imágenes y frases. La institucionalización de la clásica gacetilla.
Volvamos a lo básico, al Homo Videns de Sartori: Aceptemos el hecho de que “la televisión lo convierte todo en espectáculo, atropella la posibilidad del diálogo: la pantalla, simplemente, no tiene interlocutores. La imagen no discute, decreta; es, al mismo tiempo, juicio y sentencia. La televisión tiene cierta preferencia por el ataque y la agresividad, pues pueden ser, en sí, visuales; en tanto que la defensa o la inteligencia requieren, por su parte, de un discurso que para el ojo desnudo es aburrido e indescifrable”. (Giovanni Sartori, Homo videns, La sociedad teledirigida, 1997).
Todo esto escrito, pensado en sistemas políticos democráticos e imperfectos, pero que sin embargo, permiten más de dos opciones para que el homo videns elija. Veámoslo con nuestra limitación de elegir y tendremos como resultado nuestra escalofriante versión mexicana.
Pero no seamos alarmistas. Ahí está el Instituto Federal Electoral. Ese pulcro guardián de la democracia mexicana. El mismo que repetidamente es corregido por el Tribunal Electoral, aunque en ocasiones es tan conmovedoramente ingenuo o tramposo en sus juicios, que sólo haría falta un juez de plaza para enmendar o censurar sus resoluciones. Ahí están los miles de millones de pesos que el instituto solicitó en ampliación presupuestal para instalar equipo de monitoreo de medios y que hasta la fecha duerme el sueño de los justos. Ahí está también la carga de analizar el contenido de la programación de radio y TV, que trasladó ilegal e irresponsablemente a la UNAM.
Que no se preocupe nadie. Mucho menos los candidatos y los presidenciables al 2012. Todo cambia para que nada cambie. Esto es, diría Giuseppe De Lampedusa, “una de muchas batallas que se libran para que todo siga como está”. Si no, tan sólo observemos la construcción de recias personalidades en hombres con pocas o nulas cualidades: Felipe Calderón es todo un experto. Marcelo Ebrard y Enrique Peña Nieto lo comprendieron desde hace ya un buen tiempo. El verdadero gato pardo se materializó en nuestro ordenamiento electoral. n
