En México, los tres Poderes de la Unión y la sociedad en general se encuentran altamente preocupados por el nivel de violencia que se vive a diario en varias partes del territorio nacional. Lo que ha motivado en el ámbito legislativo que los grupos parlamentarios y prácticamente todos los partidos políticos estén alcanzando niveles históricos de consenso para votar iniciativas de ley que permitan hacer frente a la situación de manera más oportuna y eficaz.
Hoy, las autoridades y la sociedad en general se enfrentan a una delincuencia más preparada tanto en lo técnico como en lo intelectual, gracias a los avances tecnológicos y a la globalización económica que posibilita el poder asociarse fácilmente los cárteles locales y nacionales entre si y con organizaciones y bandas internacionales. La delincuencia organizada rebasa no sólo las fronteras territoriales, sino también la jurisdicción de los tribunales.
La fuerza del crimen organizado radica en el establecimiento de alianzas y vínculos que establece en casi todos los ámbitos y niveles de la sociedad y el gobierno, destacando el político, el de seguridad pública, procuración y administración de justicia y recientemente el de las fuerzas armadas a través de la corrupción, la amenaza y la extorsión para lograr protección e impunidad.
De ahí que, en algunos casos, las organizaciones delictivas actúan como un contrapoder de las autoridades formalmente constituidas, ya que cuentan con recursos y con una estructura de organización y mando de una fuerza y eficacia no esperada. No es un secreto que han infiltrado las fuerzas de seguridad pública, el sistema financiero y a algunos partidos políticos a través del financiamiento de sus candidatos en elecciones políticas; incluso han creado “organizaciones sociales fachada” para distraer y enfrentar al gobierno ampliando cada vez más su poder, fuerza e influencia económica, política y social, generando una contracultura y antivalores, sobre todo en aquellas regiones de mayor pobreza, llegando a generar incluso, la complicidad de poblaciones enteras. Recordemos que en agosto de 2008, se reveló públicamente que aproximadamente 500 mil personas apoyan al narco (sembradores: 300 mil; comerciantes, vigilantes, transportistas, distribuidores y narcomenudistas: 160 mil; capos de diverso rango: 40 mil); a este narcoejército se suman aquellos que se dedican a otras actividades criminales locales como robo de autos, tráfico de armas, migrantes, personas, niños, órganos humanos, mercancías, secuestro, etc.
Es una realidad innegable que el crimen organizado genera grandes cantidades de recursos y que éstos llegan a formar parte de la economía local, nacional y global a través de operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial; adquisiciones ilegítimas; control de centros de juego ilegales y centros de prostitución. El medio más utilizado de legitimación de recursos financieros que la delincuencia organizada utiliza para la legitimación de sus bienes, en México se le conoce como “lavado de dinero”. Este medio, a su vez es considerado también como un delito y encuentra sus principales hechos generadores en la corrupción y la evasión fiscal.
Estos delitos, han encontrado en México las condiciones más favorables para su desarrollo por la crisis económica y de valores cívicos, la búsqueda de una vida fácil y sin esfuerzo, el consumo y tráfico de drogas, la corrupción y otros excesos. Vicios que se fueron enraizando en nuestra sociedad, como producto de una contracultura impuesta por el sistema político anterior que careció de una visión integral de futuro y compromiso con las nuevas generaciones de mexicanos.
La impunidad puede convertirse en un incentivo para que más personas se dediquen a delinquir, incrementando con ello los niveles de delincuencia en algunos rubros. Baste citar que, según fuentes de la Procuraduría General de la República, en 2008, sólo 17 por ciento de los detenidos por presuntos delitos contra la salud fue llevado ante un juez. Esto significa que al 83 por ciento, no se le pudo fincar responsabilidad penal. Esto es muy grave porque denota fallas, hasta ahora no superadas en el sistema de administración de justicia.
Los Agentes del Ministerios Públicos han demostrado en muchos casos, que aún no están preparados para enfrentar la amenaza, la corrupción y la incompetencia. Como ya dijimos, el crimen organizado ha infiltrado a las instituciones y el poder de la corrupción es mayor que cualquier mecanismo de control, convirtiendo así a los responsables de procurar y administrar la justicia en una parte muy importante del problema.
Tenemos pues, que el riesgo más grave que se corre, es permitir que la delincuencia organizada se constituya como una forma contraria al Estado, que viva y se alimente de él.
Por lo anterior, en el Congreso de la Unión hemos impulsado las reformas, necesarias en materia de justicia y seguridad pública, salud, responsabilidad administrativa de los servidores públicos, transparencia y rendición de cuentas, fortalecimiento del sistema judicial y penitenciario para combatir la impunidad, corrupción e ineficiencia.
Debemos continuar legislando, para fortalecer los sistemas de control del las instituciones que componen el sistema financiero para combatir el lavado de dinero; avanzar en la regulación del secreto bancario, defraudación y elusión fiscal, contrabando, comercio informal, tráfico ilegal de armas, intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y ley general contra el secuestro.
Recordemos que la promulgación de las leyes no resuelve el problema de la delincuencia sino el cumplimiento de las mismas; por eso es importante la participación ciudadana para la prevención de los delitos, las reinserción social y rehabilitación de las víctimas del narcotráfico. Pero aún más, debemos complementar la estrategia anticriminal con políticas públicas de combate a la pobreza y de recomposición moral y material de la nación.
En este aspecto es importante señalar algunos de los ordenamientos aprobados por el Congreso de la Unión en pasado periodo legislativo como son la Ley de Extinción de Dominio, contra los bienes ilícitos de la delincuencia; Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que entre otras cosas prevé incentivos económicos para los estados y el desarrollo de una inteligencia policial contra la delincuencia, la Ley de la Policía Federal donde se regulan las intervenciones telefónicas para prevenir la evasión de presos, robo de vehículos, secuestros, etc., reformas a la Ley Organica de la Procuraduría General de la República, etc., temas que iremos abordando a mayor detalle en posteriores publicaciones.
Los habitantes de este país aquí y ahora, tenemos una responsabilidad histórica: no podemos permitir que la delincuencia se anide en las estructuras del poder público y corrompa al gobierno y la sociedad, porque sería su destrucción. La participación ciudadana es fundamental para combatir este flagelo, es a través de la denuncia como los operativos del ejército y la policía federal preventiva han obtenido los más altos porcentajes de éxito en el desmantelamiento de bandas delictivas.
El ex presidente Vicente Fox no estaba equivocado al impulsar e instrumentar una política de transparencia y rendición de cuentas, política que se ha venido fortaleciendo con el Presidente Felipe Calderón y que constituye la principal arma contra la corrupción.
