Luego de que durante la semana se pusiera de boga el tema de la drogadicción, tras de que el alcalde de Aguascalientes, Gabriel Arellano Espinosa, sugiriera que se trabaje más en la prevención de este problema, abordándolo como un problema de salud y no como de seguridad pública –opinión en la que coincidió el diputado del Partido Convergencia, Vicente Pérez Almanza-, el debate sobre la llamada ley contra el narcomenudeo se ha reactivado.
El decreto de las reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, mejor conocidas como la ley contra el narcomenudeo, fue aprobado mientras la atención del país se enfocaba en la alerta epidemiológica debido al brote de influenza humana, pero su aterrizaje a las legislaciones estatales aún está pendiente, y uno de los principales obstáculos que podría encontrar, es la falta de recursos económicos.
De acuerdo con el diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Rangel Jiménez, presidente de la comisión de justicia en el Congreso del Estado, el principal problema es que “si no se bajan recursos económicos de la federación a los estados, particularmente al Poder Judicial de los estados, existe el riesgo de una saturación”.
Rangel Jiménez señaló, que este fenómeno ya se viene presentando en los juzgados civiles y de Hacienda del estado, en los que más del 60 por ciento de los casos son asuntos de competencia federal, pero que al existir la concurrencia, pueden ser ventilados en juzgados estatales, a pesar de que estén regulados por el Código de Comercio.
El legislador priísta comentó que este es el caso de los juicios hipotecarios, ejecutivo y ordinario mercantiles, a través de documentos como cheques o pagarés; explicó que esto es un problema que provoca que se aumente en gran medida la carga de trabajo de los juzgados, por lo que realizan las labores a marchas forzadas.
Alertó que inclusive se atiende más del doble de asuntos que son recomendados para una labor eficiente y eficaz en la impartición de justicia, pues según el diputado, organismos internacionales especializados en este tema, hablan de que el número máximo de casos que cada juzgado debe atender al año, es de máximo mil, “y aquí estamos superando más de dos mil”.
Por esto, agregó que “si esta reforma (a la ley de salud) no va integrada con un presupuesto adicional a los estados, para que puedan ampliar el Poder Judicial en el sentido de los juzgados penales, es por demás grave y complicado”, agregando que los jueces y encargados de llevar los asuntos relacionados con el narcomenudeo, necesitarán seguridad, ya sea pública o privada.
Por otra parte, comentó que más allá del debate si esta ley representa una legalización de la droga, “siempre se han permitido las cantidades mínimas, o siempre ha habido la excepción de la regla para gente que tiene ya una dependencia directa”, añadiendo que las cantidades que se han aprobado para portación –cinco gramos de marihuana, dos de opio, 40 de metanfetaminas; así como 500 miligramos de cocaína, 50 de heroína o 0.015 de LSD- son mínimas, por lo que en su opinión, las reacciones han sido exageradas.
Por último, sobre la ambigüedad de si se está permitiendo el uso de las drogas con esta ley, Rangel Jiménez indicó que en todo caso, “se está tolerando en las pequeñas dosis, para buscar en un momento dado, la rehabilitación”, coincidiendo en que en esta problemática, “no todo es sanciones, sentencias severas”, sino que se debe pensar en la reivindicación, para darle la oportunidad a quienes hayan caído en la adicción de “reintegrarse de una manera completa a la vida social y armónica de la ciudad”.
