La diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Raquel Delgado Enríquez, presidenta de la comisión de servidores públicos del Congreso del Estado, hizo un llamado a las instancias gubernamentales para que respeten la normatividad electoral.
La legisladora hizo este llamado, luego de que ha conocido de “inquietudes” de trabajadores de instancias de gobiernos municipales y estatales, quienes denuncian que les han obligado a realizar proselitismo en las campañas electorales y no saben a qué autoridad acudir.
Delgado Enríquez hizo énfasis en que la Contraloría General del gobierno del estado es la dependencia que tiene que hacerse cargo de estas denuncias, y recordó que hay una ley que tipifica como delito, el hecho de que los servidores públicos obliguen a sus subordinados a participar en las campañas políticas “así como utilizar los materiales o tiempo de trabajo de las instancias”.
La diputada blanquiazul comentó que, hasta el momento, aunque no ha habido un acercamiento formal con la comisión que ella preside, han tenido conocimiento de que tanto en el gobierno municipal de Aguascalientes, como en el gobierno del estado, se ha obligado a trabajadores a participar haciendo proselitismo en las campañas a diputados federales; aunque reiteró que esta información es sólo “informal”, ya que no ha habido una denuncia en forma que pueda ser investigada por el Congreso del Estado.
Apuntó que la sanción a la que se pueden hacer acreedores los servidores públicos que fuercen a sus trabajadores a participar en actos proselitistas, depende de varias causales, pero puede ir desde la multa económica, hasta seis años de cárcel.
Agregó que los trabajadores no deben temer perder su empleo en caso de hacer pública su denuncia, “pues precisamente para eso está la Ley del Trabajo” la cual dice que siempre y cuando cumplan con el trabajo asignado, no se les podrá hacer nada; aunque no pudo comprometerse a que esto sea cumplido por las instancias de gobierno, sí confirmó que la comisión dará seguimiento a que esto no ocurra, así como a las denuncias que se interpongan contra dependencias que incurran en despidos injustificados.
Ante esta situación, convocó a sesionar a la comisión de servidores públicos “conformada por los diputados priístas, Jorge Ortiz Gallegos y Francisco Guel Sosa; el panista José de Jesús Martínez González; y el independiente César Amado Cervantes Mena-, para encontrar la manera en que las personas que se encuentran en esta situación y no saben a qué instancia ocurrir, cuenten con la información sobre qué acciones pueden llevar a cabo; aunque Cervantes Mena no asistió.
Durante la sesión, el panista Jesús Martínez acusó al ex director de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (Ccapama), Héctor Macías Díaz, de ser un “mapache electoral del PRI” así como acusar a varias instancias municipales de obligar a los trabajadores a realizar actos de campaña, bajo la amenaza de perder sus empleos, aunque reconoció no poder presentar pruebas.
Al cuestionársele si esto mismo se ha dado en el gobierno del estado “de extracción panista-, Martínez González comentó que no ha recibido denuncias de que esto ocurra en ese sentido.
Mientras que el priísta Jorge Ortiz Gallegos reprobó que se haga denuncia pública, sin presentar la denuncia formal, haciendo mención de la misma manera, sin presentar pruebas, de que en un tiempo, a los empleados de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, “se les obligaba a pertenecer necesariamente a un partido”, aunque no especificó a cuál se refirió.
Por último, instó a que, en lugar de exhortar, se le demande a las instancias gubernamentales, a que cumplan con la normatividad electoral.
