Más que la aprobación del matrimonio civil para las personas homosexuales, haría falta autorizar en el estado la ley de sociedades de convivencia, que puede no sólo aplicarse a las parejas homosexuales y es que muchos de los abusos que se dan en términos de discriminación, son también por desconocimiento de lo que marca la legislación, dijo Marcela Martínez Roaro, activista social y fundadora de CECADEC.
En el marco del Día Internacional de la Homofobia y la Transfobia, Marcela dijo que uno de los grandes adelantos en el estado es que, dentro del código penal, está tipificada la discriminación como delito que sanciona a quienes demuestren desprecio o humillen a una persona por su orientación sexual, donde se incluye a los homosexuales, transexuales, transgénero y toda la gama de diversidad sexual.
La misma comunidad gay y lesbiana desconoce los artículos y por esa razón no proceden a realizar alguna denuncia, por otro lado, tampoco los ministerios públicos conocen la legislación a este respecto. “Se va haciendo trabajo lentamente, para que también las personas con orientación diferente a la heterosexual, sepan que hay una ley penal que sanciona a quien los discrimine”, comentó.
La activista vio difícil e inadecuada la posibilidad de que el matrimonio civil se vuelva una posibilidad para la pareja homosexual; difícil porque los grupos ultraconservadores están negados a cambiar una institución como esta, que viene de siglos atrás, e inadecuada, porque el matrimonio les parece una figura que cada vez pierde más vigencia.
“Me parece que las comunidades gay se empecinan en una necedad más bien y es posible que a futuro esto se vea en Aguascalientes, que el Congreso legisle en torno a las sociedades de convivencia”, opinó.
Son uniones más sanas, dignas, libres y acordes con la época actual, no sólo para personas homosexuales sino también heterosexuales. Desde la perspectiva de Marcela, las comunidades homosexuales deben pugnar porque el Congreso promueva este tipo de unión, más democrática y libre que el matrimonio tradicional.
Dentro de esta discusión se recalcó que la adopción es un derecho para los individuos que está incluido en el artículo cuarto de la Constitución, “cuándo dice que toda persona puede tener el número de hijos que desee y la ley civil dice que la adopción es una figura jurídica y la equipara con la maternidad y paternidad natural” señaló.
En este caso, la idea sería que las personas de la comunidad gay se dieran a la tarea de buscar los caminos que hagan valer sus derechos en esta materia.
Independientemente de sí existe o no una ley local sobre discriminación, hay una ley federal, pero lo más importante es la tipificación como delito; si todas las personas que son víctimas de discriminación por cualquier situación hicieran una denuncia, entonces sería más fácil erradicar este fenómeno, sino por educación, sí por ley.
Marcela reconoció que no toda la responsabilidad es de los ciudadanos, pues la confiabilidad en las instituciones de impartición de justicia es esencial y en Aguascalientes estas instancias son deficientes y cada vez están más mal, hay negligencia y sí el ciudadano no presiona el proceso nunca sigue, de alguna manera hay que obligar a la autoridad a que cumpla con su trabajo, lo que genera un nivel de frustración entre los ciudadanos.
Finalmente, dijo Martínez Roaro, los niveles de discriminación hacia las personas homosexuales no son tan fuertes, pues Aguascalientes es una sociedad abierta, aunque también tiene sus grupos conservadores que, desafortunadamente, son quienes se encuentran en el poder. Sin embargo, para eso está el trabajo de las asociaciones civiles. Su trabajo no es fácil, pero ellos están ahí y no están tan mal organizados.
