Un verdadero cónclave se vivió en el Congreso del Estado cuando un grupo de más de 10 diputados se reunió con el director del Instituto del Agua (Inagua), Javier Campos Hermosillo y representantes de la empresa Fypasa para analizar el plan de modernización de la planta tratadora de aguas residuales, y para la cual, el gobierno del estado estaría solicitando un endeudamiento.
Legisladores de las comisiones de agrietamiento de suelo y sustentabilidad del agua y vigilancia de la contaduría mayor de Hacienda, asistieron a la sesión de la primera, en la que Campos Hermosillo respondió a los cuestionamientos de los diputados sobre la necesidad de modernizar la planta.
se ha hablado, no significa disposición de efectivo alguna, sino que sería en caso de que el gobierno del estado no pudiera cubrir alguna mensualidad.
Uno de los más inquisitivos, fue el diputado del Partido Verde, Juan Gaytán Mascorro, quien cuestionó al funcionario estatal sobre irregularidades en las cifras sobre la capacidad de tratamiento de la planta y el costo de operación presentadas en la solicitud de endeudamiento, las que aparecen en respuesta a una solicitud de información vía ley de transparencia, y la presentación de los representantes de Fypasa; a lo que Campos Hermosillo respondió que en lo referente a la capacidad, las variaciones se deben al tiempo, y el costo de operación es un promedio, y que el mismo ha ido reduciendo.
Por su parte, el panista Juan Antonio Martín del Campo, cuestionó por qué se solicita un endeudamiento, en lugar de adherirse a los programas del gobierno federal, que ofrecen esquemas de 70-30 en la creación de infraestructura hidráulica; a lo que Campos Hermosillo respondió que no habría ningún problema en aplicar para esos programas, y que si no se había contemplado esa posibilidad, era porque estos son muy nuevos.
Mientras que el priísta Gerardo Sánchez Garibay cuestionó la razón por la cual, si existía un contrato para la concesión y ampliación firmado desde diciembre de 2008, este asunto fue turnado al Congreso hasta mayo de este año, a lo que un representante legal del Inagua indicó que fue sólo una figura preventiva, y que el mismo convenio contempla que es necesaria la autorización del Poder Legislativo, ya que sin ésta no es válido.
Antes de hablar con Campos Hermosillo, los integrantes de la comisión de agrietamiento de suelo y sustentabilidad del agua, escucharon a Felipe Polo Hernández, representante de la empresa a la que se le otorgaría la concesión para la operación de la planta por otros 18 años –luego de que el actual contrato de 15 años finaliza en junio próximo-, quien explicó a los diputados las razones técnicas por las que es necesario modernizar y ampliar la planta.
El representante de la compañía indicó que la modernización es la mejor opción, pues permitiría aumentar la cantidad de agua que se trata por segundo, así como mejorar la calidad para cumplir con la normatividad vigente, añadiendo también que se podría aprovechar la combustión de gases resultantes del proceso, para generar energía eléctrica, lo cual significaría una importante innovación en el estado.
Polo Hernández apuntó que el costo de las obras sería de 300 millones de pesos, de los cuales la mitad sería cubierta por la empresa, y para la otra mitad se solicitarían fondos federales por medio del Fondo Nacional de Infraestructura, por lo que dijo, el gobierno del estado no aportaría ni un solo peso, sino que simplemente debería cubrir los gastos de operación cada mes, que ascienden a 5 millones de pesos –lo cual significa mil 80 millones por los 18 años que duraría la concesión-.
Por último, indicó que el crédito contingente revolvente del que
