La recaudación municipal es siempre una preocupación para los alcaldes, que necesitando muchos recursos para poder hacer todo lo que tienen previsto en sus planes y programas de gobierno, se enfrentan a las dificultades de la disposición, existencia y flujo de dinero en las arcas municipales. Siempre, en condiciones normales del desarrollo de la vida nacional, la penuria económica o al menos las dificultades de recaudación y percepción de ingresos es un agobio para los ediles que encabezan los ayuntamientos. Son varios los factores que los ponen en estos predicamentos, a veces de auténtico sufrimiento hasta para cubrir la nómina de los empleados municipales.
Por si lo anterior fuera poco, en los días recientes se ha difundido la noticia de que habrá una rebaja en las participaciones que reciben las haciendas municipales, debido a la crisis económica generalizada, situación que pone en mayores aprietos a los presidentes municipales, quienes en algunos casos han llegado a determinar un pretendido recorte o reducción de retribuciones para sus colaboradores de los llamados “de confianza”.
Sin embargo dicha disminución en el ingreso de dinero a las cajas municipales, en ocasiones o en muchos de los casos no se debe precisamente a las malas condiciones económicas de los contribuyentes que no cubren o no tienen para cubrir los tributos, sino a otros factores. Un primer factor es la actitud municipal para cobrar y percibir lo que le corresponde. Muchos de los tesoreros municipales –secretarios de finanzas- son medio pusilánimes para ejercer su función. Aclaro, muchos eh, no todos, pues hay algunos muy bravos para eso de la cobrada.
Los tesoreros municipales no actúan en la mayoría de los casos con visión de estado en cuanto a las finanzas públicas. Se concretan a recibir los cheques de las participaciones que les entregan de las tesorerías estatales, así como a cobrar un poquito de los escasos contribuyentes que acuden a pagar a directamente a sus cajas y, desde luego, promueven mucho con sus superiores la imposición de multas –en especial de tránsito- a los incautos supuestos infractores que –lamentablemente- ceden ante la arbitrariedad. Por lo demás, su trabajo en bastante campechano: manejar las cuentas bancarias bajo los rubros del “cargo y abono” y a rendir sus cortes financieros como aquél gobernante anecdótico que informó que “todo lo que entró, salió”.
Efectivamente, las áreas de tesorería carecen en gran medida de amplitud de visión para ir mejorando la situación financiera municipal. Ejercen en muchos de los casos una función de meros cobradores que se contentan con lo que les paguen o lo que les den. No hacen una planeación financiera para proyectar al municipio a niveles de mejoramiento, saneamiento, suficiencia y autonomía en materia de política hacendaria municipal. No. Eso no se les ocurre. Ni Dios lo mande, dirían en algunos gobiernos municipales.
Desde luego que una reforma hacendaria municipal es imperiosa, pero claro que no se les pide que traten de hacerlo de golpe y porrazo de tal manera que se ahorque a los contribuyentes, sino paulatinamente para no afectar negativamente y de manera ruinosa la economía de sus comunidades.
Las arcas municipales están empobrecidas de origen, pero las dejan empobrecerse más. La llamada coordinación fiscal es un instrumento de sumisión financiera, que poco margen de imposición tributaria les deja a los municipios. A través de dicha coordinación se ejerce un control político sobre los gobernantes municipales; en pocas palabras, se ejerce de tal manera un poder sobre ellos, bajo el principio de que “el que paga, manda” para que “no salgan del huacal”. Esta circunstancia tiene de plano atemorizados a los gobernantes municipales, quienes ni en sueños aspiran a delinear, proponer y promover una reforma fiscal municipal en su municipio, en su estado y a nivel nacional.
Por otra parte, en cuanto a las participaciones –esas que les bajarán ahora- las perciben como “pordioseros” bajo el principio de “lo que sea su voluntá”. Ni chistarle al encargado de las finanzas estatales para pedir cuentas de la aplicación de fórmulas para el reparto de participaciones. No saben si efectivamente se percibieron los fondos que les dicen, en los montos que a lo mejor les dicen y menos saben cómo se llega a la determinación de las cantidades que les entregan. Recogen su cheque y con eso “se ajustan”. Ha habido algunos munícipes “entrones” que han pedido cuentas y han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia la Nación, obteniendo desde luego resultados hasta mejor de los esperados. Recuerdo también el caso de un alcalde al que le dijeron que le bajarían las participaciones; ante ello, se diseñó una “planeación financiera” más efectiva que el pleito judicial: se propuso un acto público, político, al que comparecería el gobernador –procurando que le llegara la “filtración” de esos tenebrosos planes- para pedirle sorpresivamente, que él, de manera directa le informara al pueblo sobre la reducción de recursos y las obras que se dejarían de hacer. La “información” llegó y desde luego que no bajaron los recursos ni se cancelaron las obras; los “genios de las finanzas” descubrieron que habían hecho un “mal cálculo” de las participaciones! (Aclaro que este caso no fue en Calvillo ni es reciente).
También las finanzas públicas municipales se ven afectadas por miedo y por ineficacia de las áreas de recaudación. Les da pánico instrumentar procedimientos de cobro coactivo para cobrar lo que se les debe. Miedo por razones electorales, miedo porque las cosas les salgan mal, miedo porque les promuevan juicios y los pierdan, miedo a no saber hacer las cosas; en fin, miedo a actuar conforme a sus facultades. Específicamente en materia de impuesto predial los municipios dejan de percibir anualmente carretadas de dinero; millones. No cobran a todos ni cobran todo lo que se les debe. Actualmente, al día de hoy, todos los municipios tienen auténticas alcancías derivadas del impuesto predial, que podrían hacer efectivas; el “cochinito” se ha venido formando a lo largo de los años y ahí están los recursos. Todo es cosa de que se decidan a actuar los gobernantes y verían como recaudan lo que ni siquiera tenían previsto. Claro que no pueden cobrar hacia atrás más que los adeudos de cinco años –que es el plazo general de caducidad- para este tipo de adeudos. Además de sanear en buena medida sus finanzas municipales, estos cobros de la “alcancía” son hasta una oportunidad de mostrarse bondadoso con los ciudadanos, por aquello de aspiraciones políticas. Pero ni así lo entienden. ¡Ah! Y en las cuentas públicas que fiscaliza el Congreso, los “diputables” –pronúnciese “diputéibols”- ni siquiera imaginan estos rubros como alcance de la materia de revisión; ellos andan en la pura grilla.
En fin, nos vemos la semana que entra si Dios nos da vida y otros no nos la han quitado.
