Todavía se encuentra en análisis la petición para realizar un convenio entre el gobierno del estado y la empresa FYPASA para extender la operación de la planta tratadora de aguas residuales, explicó el diputado local priísta, Alberto Solís Farías, presidente de la comisión de vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda en el Congreso local.
Esta petición fue realizada por el Poder Ejecutivo en la pasada sesión del 28 de mayo de este año, en la que se hizo la solicitud para la autorización para la celebración de un Convenio para la Modernización, con lo que se daría la construcción, equipamiento y puesta en marcha de una planta de tratamiento de aguas residuales con la empresa FYPASA Construcciones, y para la cual el gobierno del estado también solicitó la autorización de un endeudamiento.
Al respecto, Solís Farías comentó que la petición consiste en la “solicitud de un crédito contingente para efecto de que se pueda mejorar la planta de tratamiento de aguas residuales, que ahorita tiene concesionada la empresa FYPASA”, apuntando que en 2010, la concesión de 15 años con esta compañía estaría terminando.
Agregó que el Convenio estipularía que la concesión sea ampliada por otros 18 años, “que la empresa aporte 75 millones de pesos, que busque un crédito contingente por otros 75 y por parte del Fonadin, Fondo Nacional de Infraestructura, tratar de conseguir otros 150”, dando una inversión total de 300 millones de pesos.
Sin embargo, apuntó que las concesiones que se tendrían que realizar por parte del gobierno del estado para que esta infraestructura pudiera llegar a Aguascalientes, estarían a razón de cinco millones de pesos mensuales durante los 18 años que dure la concesión.
Comentó que esta sería “la contraprestación, por la prestación del servicio, el pago de la inversión por parte de la empresa y lógicamente por la operación de los volúmenes de agua que puede variar”.
Señaló que para poder aprobar esta solicitud, además de revisar las cuestiones financieras, también se tendrá que hacer lo mismo con los detalles técnicos, por lo que se girará un oficio a la comisión de agrietamiento de suelo y sustentabilidad del agua –presidida por el panista Juan Antonio Martín del Campo- para que se pueda realizar un análisis más profundo de este tema.
Al solicitarle una copia de los papeles que documentan esta solicitud, el diputado priísta comentó que podían ser encontrados en internet; cabe mencionar que de aceptarse la solicitud en estos términos, el gobierno del estado tendría que pagar cinco millones de pesos mensuales por concepto de operación, lo que significaría 60 millones anuales, lo cual, multiplicado por los 18 años que se pretende sea renovada la concesión, redundaría en un total de mil 80 millones de pesos pagados por el gobierno estatal.
