El municipio de San Francisco de los Romo decidió esconder el gasto hecho durante el año 2008 y el dinero recibido en ese mismo año por concepto de la organización de la feria de ese municipio.
A través de una solicitud de transparencia, un ciudadano solicitó copias de los depósitos hechos por el municipio por los ingresos recibidos por la organización de la feria. El solicitante pidió “vía electrónica cuánto fue el presupuesto para la feria de San Francisco de los Romo y cómo se ejerció dicho presupuesto, así mismo solicito copias de las facturas y depósitos de dicho presupuesto”.
En su respuesta, el ayuntamiento que encabeza el primero panista, luego del PVEM y ahora de nueva cuenta panista Efraín Castillo Valadez, decidió que la información de cómo gastaron los recursos del erario público para la feria de San Francisco era reservada.
“El 1 de agosto del año 2008 según el acuerdo 0025 se acordó dentro de la lista del listado de información clasificada como reservada encontrándose la información solicitada (en este supuesto)”. En su respuesta, el ayuntamiento argumenta que informar sobre cómo gasta podría poner en riesgo la gobernabilidad del municipio.
Ante esta negativa, el ciudadano utilizó la ley de transparencia estatal para inconformarse, logrando que el Instituto de transparencia del estado (Itea) atrajera la investigación del caso para determinar que el alcalde y su aparato burocrático deben entregarle al ciudadano la información solicitada.
En su resolución final, el Itea determinó que “resulta evidente que el acuerdo emitido carece de sustento legal, pues de facto y en primer término este instituto encuentra la primer inconsistencia en el acuerdo de reserva emitido por la responsable y por el cual pretende limitar el acceso a la información solicitada por el recurrente”, además de que dicho acuerdo fue firmado por una persona que no tiene facultad para lograr esos acuerdos, se lee en el documento.
Otro de los puntos por los que el Itea determinó que Castillo Valadez y su equipo tienen que entregar la información es que “el daño que pueda producirse con la desclasificación de la información sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia”.
Por tal motivo, el Itea determinó “que se ordena a la autoridad responsable el inmediato acceso a la información solicitada por el quejoso”.
Además, obliga al responsable del enlace de transparencia de aquel municipio a entregar constancia de que el fallo se cumplió, bajo la amenaza de que de no hacerlo se hará acreedor a entre 20 y 100 días como multa.
A decir del ciudadano quejoso, a pesar de que desde el 3 de junio se dio esta resolución, a la fecha no se le ha entregado la documentación que el Itea obligó al municipio a entregar.
