En el tema de la confrontación de la ley con la marihuana (o con cualquier otra droga), nos encontramos desde posiciones intolerantes como la prohibición total, hasta la despenalización absoluta, pasando por la hipocresía demagógica de gobiernos a favor de núcleos de poder económico.
PROHIBICIONISMO. Como ejemplo de esta postura tenemos la llamada “ley seca”, por la que el gobierno de Estados Unidos pretendió suprimir el consumo de alcohol en 1918; la mafia dominó la escena durante quince sangrientos años al corromper la organización económica, judicial y política del país -como ocurre actualmente en México- gracias al instrumento que el propio gobierno puso en sus manos: todo un sistema clandestino de producción y distribución de drogas cuyo precio y calidad imponía a su antojo. Y no fue sino hasta que una administración ecuánime, que reconociendo el rotundo fracaso prohibicionista, decidió derogar aquella absurda ley en 1933, logró recuperar el control de la producción y distribución del alcohol y con ello su autoridad.
HIPOCRESÍA GUBERNAMENTAL. Clarísimo ejemplo de esta postura fue el paso radical de la producción de una película promocional “Reefer madness” (“algo así como la locura del porro”) en contra de la cannabis para conseguir la promulgación de la ley prohibicionista “Marihuana Tax Act” de 1937, a la filmación de otra película “Hemp For Victory” (Marihuana para la victoria) utilizada por el mismo gobierno de los Estados Unidos para estimular la producción de la misma cannabis cuando ingresó, solo cinco años después, en la Guerra Mundial.
Ese oportunismo también lo tenemos a nivel internacional, en las guerras intestinas en que el Imperio ha hundido a otras naciones, no para reducir el consumo de drogas, sino para mantener el control sobre sus gobiernos y beneficiarse en términos mercantiles. Por ejemplo Afganistán, primer productor de opio y hashish del mundo, está militarmente ocupado por los Estados Unidos desde 2001; sin embargo, en lugar de destruir los plantíos, más bien parece estar interesado en protegerlos.
DESPENALIZACIÓN. Finalmente tenemos esta postura que toma cada vez mayor fuerza, en el sentido no de legalizar (porque no es ilegal) sino de despenalizar (porque se ha penalizado indebidamente) la producción, la distribución y el consumo de las drogas.
Pretender imitar a los Estados Unidos en la autorización parcial para portar y consumir marihuana significa seguir considerando delincuente al consumidor que exceda un miligramo de la cantidad autorizada; eso es absurdo porque consumir drogas no está prohibido en la ley fundamental, que es la Constitución Política. Además, esa medida no toca un pelo a la estructura del narcotráfico puesto que -como dice “Dossier Índigo”- al autorizar al consumidor a aprovisionarse, se está reconociendo implícitamente la justificación del narcotráfico mientras no se pueda adquirir la droga libremente.
Y cada vez avanza más el argumento de que “su prohibición es un atentado contra la libertad de elección del ciudadano responsable y una forma de control estatal sobre el individuo,” como señala el académico español Antonio Escohotado -una de las autoridades más reconocidas en la materia- quien demuestra cómo el número de drogadictos aumenta cuando la droga es prohibida, perdiéndose además el control que debe haber para que el consumidor no afecte su salud y economía adquiriendo producto caro y adulterado.
Lo que el Estado debe hacer, no es prohibir (mecanismo funesto que analizaremos en las conclusiones de esta serie), sino orientar y responsabilizar a los padres de familia en la educación de sus hijos y apoyarlos con todos sus recursos en políticas de prevención y rehabilitación.
(Próxima semana: solicitamos la benevolencia del lector para hacer un paréntesis en esta serie con el propósito de tratar el tema electoral)
Aguascalientes, México, América Latina
