Ante el escenario de inseguridad y reto hacia las instituciones del Estado mexicano a partir del incremento de la acción de las bandas delictivas, se ha orquestado una respuesta por parte de algunos gobiernos de distintos niveles para paliar ese problema, que lo consideran, a partir de un discurso errado, como una guerra.
Se tiene la falsa idea de que el crimen organizado es algo ajeno a la sociedad. Los narcos desafían al Estado a partir de las extorsiones y atentados contra la tranquilidad de millones de mexicanos, sin embargo, su acción como actor social es una realidad que debe entenderse para poder dimensionar la situación correctamente.
Las bandas delictivas, no sólo de narcotraficantes sino también de secuestradores, asesinos y todos aquéllos que en mayor o menor medida actúan fuera de la ley, forman parte de la estructura social, actúan al interior de ella y se nutren de los fluidos que circulan en el sistema, de ahí lo delicado y confuso del asunto.
La sociedad es algo más complejo de lo que muchos de nuestros gobernantes creen, el sociólogo Anthony Giddens, quién fuera asesor del ex primer ministro británico Tony Blair, la entiende como “un sistema de interrelaciones que vincula a los individuos”. Sociedad no es pues, solamente aquellas familias mexicanas con un modo honesto de vivir.
Una vez que el discurso oficialista ha hecho la disección del crimen organizado como un factor ajeno a la estructura social y ha equiparado el concepto de sociedad con el de mexicanos que no pertenecen a las bandas delictivas, es muy fácil hablar de una guerra contra el crimen, además de que este resulta el modo mas cómodo para atacar este grave conflicto.
Ese es el discurso que legitima acciones contrarias en todo sentido a los derechos humanos de la población: permitir a los cuerpos policíacos irrumpir en domicilios particulares sin una orden judicial, instaurar la pena de muerte, justificar las matanzas por parte de los soldados en los retenes y defender los abusos de los cuerpos policíacos hacia la población en general.
Es importante que ese discurso erróneo sea planteado nuevamente a partir de reflexiones mas profundas que no tomen a la ligera ciertos conceptos. Sun Tzu, el autor del célebre libro el Arte de la Guerra, escribió en el siglo V a.C.; “Las armas traen problemas. Hay que darle su lugar a la guerra y reflexionar antes de lanzarse a ella”.
No hay que olvidar que en Colombia, la “guerra” contra las FARC tuvo graves repercusiones para la población. Aquéllas fumigaciones con las que se buscaba erradicar los cultivos prohibidos se hacían con sustancias tóxicas que contaminaban el ambiente, esterilizaban la tierra, mataban ganado y, lo más grave, aniquilaban a la población.
Esa misma guerra fue la que los llevó a bombardear territorio ecuatoriano hace algunos meses y no comprometerse a renunciar a ese tipo de acciones en un futuro. Experiencias que nos deberían llevar a entender que los derechos humanos y la soberanía de los pueblos deben estar en el centro del combate a las drogas y que esto no se trata de una guerra sino de una problemática social en la que el estado debe encontrar la manera de traer al marco de la legalidad a aquéllos que se encuentran fuera de él.
Oportunas son las declaraciones de Antonio María Costa, director ejecutivo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, en el sentido de que “los adictos deberían ser enviados a instituciones de rehabilitación, no a la cárcel; y que los narcotraficantes deberían ser llevados ante la justicia, no a la muerte. Aunque las drogas maten, los Gobiernos no deberían matar a causa de las drogas” (Radio ONU, 26/02/2009).
En este nuevo siglo, todos los estados a nivel mundial tienen un enorme reto; dar vigencia al estado de derecho en su interior y hacer valer sus intereses en el exterior respetando siempre los derechos humanos, la soberanía de los pueblos y velando por el mantenimiento de la paz. Si un estado se declara incapaz de hacer frente a ese reto, ¿ante que estamos sino ante un estado fallido?
