En sesión extraordinaria, la comisión de justicia del congreso del estado aprobó el dictamen por el cual se rechazó la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) para modificar los códigos civil y de procedimientos civiles, en lo referente a los trámites de adopción.
El presidente de dicha comisión, Enrique Rangel Jiménez, informó que se llegó a esa decisión tomando en cuenta las observaciones hechas por el Poder Judicial y el DIF estatal, ratificadas por el Centro de Documentación y Estudios de la Adopción (CDEA), cuya directora general, Alejandra Salas Niños, estuvo presente en la reunión.
Explicó que la propuesta rechazada buscaba agilizar los trámites de adopción mediante la firma de un contrato mientras la madre biológica aún estaba embarazada, contemplando además sanciones en caso de incumplimiento.
Sin embargo, Salas Niño consideró que la medida violaba un derecho al pretender garantizar otros, pues durante la gestación la mujer sufre cambios hormonales, “lo que ocasionaría que, cuando diera a luz, se arrepienta de dar en adopción al bebé”, implicando esto problemas con quienes desearan adoptar al niño, agregando que podría prestarse a práctica trata de personas.
Además, la especialista propuso que se homologara la regulación de trámites para instituciones privadas y públicas que acogieran a los niños puestos en adopción, en un capítulo especial de la ley propuesta.
Rangel Jiménez afirmó que, aunque la iniciativa fue rechazada por unanimidad, quedó pendiente su modificación para agilizar el proceso legal que requiere una adopción, pero a través de juicios sumarios, que tengan una duración máxima de cuatro meses y se lleven a cabo cuando el niño haya nacido.
Calculó que la propuesta modificada se estaría presentando en las próximas dos semanas, “ya sea por oficialía de partes, si concluye el periodo”, pero quedando definitivamente aprobada para el siguiente.
En otros asuntos tratados por esta comisión, se aprobó unánimemente la iniciativa propuesta por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de reformar la legislación penal y el código civil de Aguascalientes, por la cual se establece que el decomiso y aseguramiento de bienes a quienes incurran en el delito de extorsión, así como la reparación de daños a favor de la víctima.
Por otro lado, quedó pendiente el proyecto de dictamen que propone modificaciones a la ley de procedimiento contencioso administrativo, presentada también por el grupo parlamentario del PRI, mientras que se declaró un receso para analizar la iniciativa de reforma a la legislación penal del estado y la ley orgánica del poder judicial, que propone indemnizar a quienes en “un juicio procesal fueron declarados inocentes”.
