La solicitud del endeudamiento realizada por el gobierno del estado para celebrar un convenio con la empresa FYPASA para la modernización, ampliación y operación de una planta tratadora de aguas residuales se ha quedado en suspenso, cuando las comisiones legislativas encargadas de dictaminarla establecieron un periodo de receso para estudiar otras opciones.
Esta solicitud establecería que la empresa –que actualmente tiene la concesión de la planta existente- estaría prolongando la misma por un lapso de 18 años a partir de 2010, a la vez que estaría recibiendo un pago de cinco millones de pesos mensuales por parte de gobierno del estado durante ese periodo, lo que redundaría en un total de mil 80 millones de pesos.
La solicitud fue turnada a las comisiones de agrietamiento del suelo y sustentabilidad del agua y a la de vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda para que se tomara una decisión, misma que se tendría que haber dado ayer en sesión unida de estas dos comisiones; sin embargo, los legisladores asistentes –Juan Antonio Martín del Campo, Alberto Solís Farías, Fernando Palomino Topete, Gerardo Sánchez Garibay y José Robles Gutiérrez-, acordaron establecer un periodo de receso para analizar el reglamento de operación del Fondo Nacional para el Tratamiento de Aguas Residuales, anunciado por el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa el año pasado, y con el cual, el gobierno federal aportaría el 70 por ciento de la inversión y el gobierno del estado el 30 por ciento restante.
Esto porque los legisladores aceptaron la necesidad de modernizar las instalaciones actuales de la planta de tratamiento; así, a pesar de que existe un pre dictamen sobre este tema, los legisladores acordaron analizar este programa para ver si Aguascalientes aplica, y así evitar la concesión y el endeudamiento.
Al respecto, el priísta Alberto Solís Farías comentó que la solicitud de convenio que se presentó por parte de gobierno del estado presenta algunas deficiencias, entre las que mencionó que se encuentran algunos valores sin IVA, “que también va a tener un costo financiero sin lugar a duda, estaríamos hablando de alrededor de 45 millones de pesos”.
Agregó que tampoco se presenta la definición completa de las fórmulas que se darían para los pagos mensuales, así como la concesión por otros 18 años, indicando que estas son algunas de las observaciones que no permiten que se entregue el expediente completo, a lo que agregó, el objetivo es que no se presente ningún tipo de sorpresa.
Por último, indicó que en lo referente al pago de cinco millones de pesos mensuales a la empresa por concepto de operación, debería de existir una justificación mayor, añadiendo que desde su punto de vista, “falta una motivación de los valores que se invierten y de los valores que se pretenden adquirir”.
Por su parte, el panista Juan Antonio Martín del Campo, presidente de la comisión de sustentabilidad del agua, comentó que la razón de estudiar la posibilidad de aplicar el fondo federal es para evitar que el gobierno del estado ponga el capital de riesgo por medio del endeudamiento.
Señaló que en caso de aprobar para el programa federal, implicaría que “no tendríamos una carga tan alta y no endeudarnos, y la otra, no se daría una concesión a una empresa hasta por 18 años”, subrayó.
Apuntó que en lugar de la concesión, la intención de los diputados es “que el gobierno tenga la autonomía para poder seguir manejando la planta de tratamiento” y que no vea muy mermadas sus finanzas públicas.
Por último, indicó que el asunto se reduce a la aprobación del endeudamiento y la concesión por 18 años con el desembolso de mil 80 millones de pesos por parte del gobierno estatal, o la opción de que se bajen los recursos por parte de gobierno federal y que sea el gobierno del estado “quien estaría manejando la planta de tratamiento”, ahorrándose ese gasto.
Los integrantes de las comisiones acordaron reanudar los trabajos de la sesión el próximo martes, en donde estarán dando solución a este tema.
