En caso de aprobarse la reforma integral a la ley de protección ambiental del estado, se crearía en Aguascalientes un “comité de biodiversidad”, organismo que se encargaría de estudiar y hacer un catálogo de las especies animales y vegetales endémicas, para conocerlas, protegerlas e incluso patentarlas.
El proyecto está basado en la “Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad” (CONABIO), organismo integrado por el titular de la del medio ambiente y recursos naturales (SEMARNAT) y de otras nueve secretarías a nivel nacional.
De la misma forma que CONABIO, el comité estatal crearía esquemas de resguardo para garantizar la subsistencia de las especies y que desarrollaría proyectos de investigación, entre los que se encontraría levantar la “huella genética” (el genoma o estructura genética) de cada especie.
Con lo anterior, se busca evitar que “si se descubre” que una planta o animal tiene propiedades que puedan aportar algo, por ejemplo, al campo médico, los beneficios se queden en el estado y no sea éste el que tenga que pagar por patentes que empresas extranjeras registran sobre productos nacionales.
Este organismo estaría integrado por el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) o quien él designe, así como académicos universitarios que pertenezcan al sistema nacional de investigadores y un representante del congreso del estado. Ninguno de ellos cobraría, por lo que el comité no requeriría más inversión que la que se destine a los trabajos de investigación.
La iniciativa fue presentada hoy en oficialía de partes por el diputado local Juan Gaytán Mascorro, esperando subirla al pleno en el periodo extraordinario, para que las comisiones correspondientes evalúen su viabilidad.
Cuenta con una carpeta de las opiniones vertidas por empresarios, académicos, asociaciones civiles, colegios de profesionistas y otras instituciones en un foro que se realizó en torno al tema ambiental.
Además de la creación del comité, la reforma implica otros dos puntos importantes; el primero, una mayor incidencia en acciones de educación ambiental, pues varios de los señalamientos apuntan hacia la necesidad de más estrategias encaminadas a la prevención y no a la reacción.
En este aspecto, las escuelas, pero también las instancias públicas darían más espacio a actividades y programas preventivos.
Finalmente, confiere al Instituto del Medio Ambiente del Estado (IMAE) la obligación de imponer sanciones y multas a manera de resarcimiento de los daños ocasionados a la ecología de la entidad en la concretización de proyectos de empresas o personas, ya que antes sólo se le confería la facultad para hacerlo.
