La diputada local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Nora Ruvalcaba afirmó que, de encontrarse irregularidades en las cuentas públicas de los gobiernos estatal y municipal, como ciudadana fincará responsabilidades a los funcionarios o ex funcionarios implicados ante las instancias correspondientes, al ser minoría al interior de la cámara local.
Precisó que, “aquí siempre existe, con hechos consumados, una responsabilidad”, ya sea administrativa, penal o civil de cualquier ciudadano, por lo que aseguró que si al entregarse las revisiones se encuentran elementos, se fincarán las responsabilidades a los funcionarios e incluso a ex funcionarios, recordando que los delitos prescriben hasta un año después de que los servidores públicos terminan su periodo.
Al retomar el tema de que la comisión de vigilancia en el legislativo estatal aún no hace entrega de los resultados de la revisión en cuentas públicas desde el año 2007, aún cuando la ley de la contaduría mayor de hacienda marca que éstas deberán estar revisadas a más tardar un año después de su publicación, indicó que, para no variar, tampoco en el incumplimiento de plazos para la revisión de las cuentas públicas existe sanción alguna.
Ruvalcaba Gámez consideró que este retraso no puede tomarse como legislativo, toda vez que “(el congreso) tiene un organismo auxiliar, hoy convertido en órgano superior de fiscalización y que ya tienes listas, seguramente, las observaciones que tiene al respecto de estos ejercicios” y, con base en ello se podría sospechar del ocultamiento de la información por parte de los legisladores respondería a una “componenda que no sabemos si se va a llevar a cabo entre el PRI y el PAN, que son los grupos mayoritarios en el congreso” o si se incluye al gobierno del estado.
Recordó que lo mismo sucede con las comparecencias de los funcionarios involucrados con la construcción del Plan Estratégico Sur (PES), de las que sólo dos se han llevado a cabo y con resultados negativos, pues quienes comparecieron no ofrecieron ninguna información e incluso negaron la existencia de dicho proyecto.
En este tema, concluyó que existe una fuerte sospecha de intenciones de enriquecimiento mediante este plan, cuyos probables beneficiarios serían Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el ejecutivo estatal, y por ello insistió en que es obligación del congreso pedir a los involucrados que aclaren el destino real de los recursos que para estos trabajos fueron anunciados.
