Tres importantes dictámenes, que contemplan modificaciones al código civil y a la legislación penal de Aguascalientes, así como a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, fueron aprobados ayer por unanimidad de los integrantes de la comisión de justica del congreso del estado, quedando pendiente su aprobación por pleno en el siguiente periodo extraordinario para elevarse a rango de ley.
Destacó entre estas iniciativas la planteada por la diputada Beatriz Santillán a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), por la cual se modificaría el artículo 313 bis del Código Civil, reduciendo de cinco a dos años el tiempo que debe convivir una pareja en concubinato o unión libre para adquirir los mismos derechos y obligaciones que tendrían en un matrimonio civil.
El presidente de la comisión que sesionó, Enrique Rangel Jiménez, explicó que anteriormente la mujer concubina accedía a los derechos que tendría como esposa hasta pasados cinco años de relación y si existían hijos, por lo que con esta medida se busca protegerla contra el abandono y crear lazos similares a los de una familia proveniente de matrimonio, reduciendo el tiempo de acceso a los derechos y no supeditándolos a la procreación de vástagos.
Asimismo, durante la sesión se aprobaron las modificaciones a la legislación penal de nuestro estado para reforzar la efectividad de la Ley de Video Vigilancia aprobada en meses pasados, estableciendo que para que una imagen pueda ser utilizada como prueba plena durante un juicio, deberá ser previamente certificada por el comité de Video Vigilancia, en el que intervienen las corporaciones policíacas municipal y estatal.
Rangel Jiménez ejemplificó que, si se eleva a rango de ley, esta reforma permitirá que una imagen pueda ser ofrecida como prueba ante un juez en un juicio de daño en las cosas, como pudiera ser un accidente automovilístico.
Se verá complementada con la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública por la que se tipificaría como delito la difusión pública de las imágenes video grabadas, para proteger la intimidad de quienes en ellas aparezcan. Las iniciativas las hicieron los diputados José Robles Gutiérrez y Enrique Rangel, a nombre del GPPRI.
Por otro lado y a iniciativa del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), la comisión de justicia avaló también el dictamen que propone la reforma al artículo 35 de la legislación penal del estado, por el cual le será impuesta una pena de dos a 10 años de prisión a quienes cometan sustracción de menores sin tener la patria potestad o custodia de los mismos, independientemente de que exista un parentesco entre ellos y las víctimas.
Los diputados Enrique Rangel, Fernando Palomino, Nora Ruvalcaba y César Cervantes, fueron exhortados por su compañero de comisión, Jesús Martínez, a “sacar adelante” cuantas iniciativas sea posible a fin de abatir el rezago que ya presenta la legislatura, invitación que se hizo extensiva a quienes integran todas las comisiones legislativas.
