Hace menos de un año, en el ejercicio de la naciente y vapuleada democracia mexicana, veíamos como se debatía el presupuesto público para 2009. Costosos estudios, sesudos análisis, largas horas de discusión, juntas y debates de bien pagados asesores y mejor pagados diputados fueron necesarias para establecer en qué debería gastarse el dinero público. El ejercicio, como se hizo en la federación, se repitió en cada congreso estatal.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había entregado sus criterios generales de política económica y con éstos, la iniciativa de ley de ingresos, sobre los cuales se podrían definir cuánto habría para gastar en 2009. Con ello quedaba sentenciado su docto veredicto: la “política contracíclica” permitía asegurar el “blindaje” de la economía nacional en el 2009. La bola de cristal de Harvard y M.I.T., que empequeñece a la entregada a los estudiantes de Hogwarts, en manos de los agoreros repatriados después del adoctrinamiento por el Consenso de Washington, aseguraba que la magia neoliberal funcionaría bajo cualquier circunstancia.
Sin embargo, ahora toca realizar de emergencia recortes presupuestales y reasignar partidas de gasto público. Por falta de lineamientos y criterios de prioridad, la delicada labor del poder legislativo de finales del 2008 se borra de un tijeretazo y una goma de borrar en manos del poder ejecutivo, tanto federal como estatal. ¿Acaso la soberanía representada en los Congresos se convocó para decidir qué proyectos quedan y cuáles se van con el actual recorte presupuestal? La democracia parlamentaria ejercida durante la asignación del gasto se anula por el autoritarismo de facto en el recorte.
La versión oficial de 2008, culpar al extranjero de los problemas económicos, se mantiene tercamente ahora, negando los graves problemas internos, de creciente pobreza y debilitamiento del aparato productivo. Y por si fuera poco negar la debilidad de la economía interna, con el recorte se acrecienta el problema. Al reducir el gasto corriente, con el que se pagan los servicios personales –sueldos y salarios-, manteniendo las obras de ornato y suntuarias, el menor impacto por derrama económica que éstas tienen en el flujo económico local profundiza el problema y retrasa una posible recuperación.
Si la aniquilación del mecanismo democrático para decidir el destino del gasto público ya es de suyo un gravísimo golpe a la población, el dejar a criterio de técnicos sin visión económica ni de conjunto la responsabilidad de la tijera, constituye el más grave de los insultos que un gobierno puede proferir a sus gobernados. Al menos el gobierno podría gastar $300 en comprar un libro de texto de primer año de economía. Allí podrían ver los recortadores presupuestales que existe un concepto técnico llamado “Multiplicador del Ingreso”.
El “multiplicador” es un cociente, positivo y mayor de 1, que determina la relación que existe cuando aumenta o disminuye una variable autónoma (inversión, gasto público o exportaciones) con la variación que resienten en sus ingresos los habitantes de un país o localidad por este cambio. Se llama multiplicador porque por cada peso que varía una de las variables autónomas, los ingresos de las personas varían en más de un peso; «la reacción supera a la acción».
La teoría establece que el “multiplicador” depende de la propensión a consumir de la población que recibe el aumento o disminución de alguna de las variables autónomas. Una economía es más dinámica en cuanto más gastan sus integrantes. En forma simplificada puede decirse que el sueldo de un empleado, al momento de gastarse se convierte en ingreso para varias otras personas que lo reciben: el tendero, la peinadora, el mecánico, quienes a su vez lo gastan con otras personas y así sucesivamente. Esto es, se multiplica. Al reducir la cantidad de dinero destinada a pagar sueldos de los empleados públicos, existe una enorme cadena de personas que lo resienten.
De allí que la responsabilidad de un gobierno, por los profundos efectos socioeconómicos que su acción de recorte presupuestal representa, debería manifestarse en recortar cualquier otro tipo de gastos antes que reducir sueldos, en cualquiera de sus formas eufemísticas como se le llame, o recortar personal. Más aún, resulta criminal desde un punto de vista social que, al no tener un acotamiento legal a través de los representantes en las legislaturas, los gobernantes protejan de los recortes a sus proyectos de interés personal y/o de proyección política.
Las condiciones económicas en nuestra entidad y en todo el país ya resentían la caída drástica de la actividad general cuando nos llega encima una reducción presupuestal de corte dictatorial. ¿Sería mucho pedir a los encargados de cambiar los presupuestos, que tuviesen a bien transparentar el efecto multiplicador de su triste labor sobre la economía local?
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