Un importante punto pendiente para abrir la convocatoria al periodo extraordinario de sesiones en el congreso local son las reformas al código electoral del estado y los recursos promovidos ante el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) contra el proceso de selección del consejo general del Instituto Estatal Electoral (IEE).
En el primer caso, los integrantes de la comisión de asuntos electorales se declararon en sesión permanente desde el viernes pasado, a fin de reunir el lunes las propuestas de reforma que pudiera hacer cada bancada, así como las consideraciones que canalizará la comisión de gobierno y puntos constitucionales.
Pese a que la legislación marca que 90 días antes de iniciar un proceso electoral ya no se puede modificar el código electoral, al día de ayer; es decir, seis días antes de que concluya el plazo para hacerlo, ninguna de las comisiones había sesionado o tenía programada alguna sesión.
En contra del código estatal electoral vigente hay dos recursos: los partidos de izquierda presentaron una controversia por la que consideran innecesaria la existencia de comités electorales municipales; mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) promovió el recurso de inconstitucionalidad por el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría ordenar que se instalara de forma permanente un Tribunal Electoral en el estado, que hasta ahora funciona sólo en año electoral.
Por otro lado, el congreso local enfrenta actualmente cinco recursos más en contra de la selección de los consejeros del IEE, de entre los cuales destacan la acción de inconstitucionalidad interpuesta por los presidentes estatales de los partidos del Trabajo, de la Revolución Democrática y Convergencia y el juicio de revisión demandado por el comité estatal del PRD.
En ambos casos se cuestiona la elección de Jimena Cano Reyes y Oscar Alberto Hernández Valdés, señalándola como posible violación al propio código electoral toda vez que se acusa a los consejeros electos de ser militantes activos del Partido Acción Nacional.
A pesar de ser integrante de la comisión de asuntos electorales, que operó y avaló el proceso en lo correspondiente al poder legislativo, Nora Ruvalcaba Gámez afirmó que en los documentos que como pruebas presenta su partido, consta que Hernández Valdés fungía como representante jurídico del congreso al realizarse el proceso, mientras que de Cano Reyes y otro candidato se tienen pruebas de su militancia en el PAN.
De acuerdo con información obtenida vía ley de transparencia por La Jornada Aguascalientes, Óscar Alberto Hernández Valdés fue jefe del departamento jurídico del Poder Legislativo de Aguascalientes del 15 de noviembre de 2007 al 30 de junio de 2009, fecha en que presentó su renuncia voluntaria.
De Cano Reyes, la respuesta de transparencia apunta que el Poder Legislativo no tiene información laboral, pues se desempeñaba como asesora externa del congreso.
El día de la elección, la consejera admitió ser asesora independiente del diputado panista Jaime Gallo Camacho y reconoció haberse afiliado al PAN pero haber renunciado en julio, antes de presentarse como aspirante a la consejería.
La diputada perredista comentó que por las reformas que no se han “querido” hacer al código electoral, hay una laguna que no establece quién se hará cargo del proceso electoral si la resolución del tribunal se recibe durante el mismo.
Por su parte, el legislador del PRI, Fernando Palomino, aseguró que, en caso de que la sentencia fuera que los dos consejeros en cuestión no tomen protesta, serán quienes resultaron electos suplentes quienes asuman el cargo.
