Comisión Estatal de Derechos Humanos, (CNDH) calificó con 8.38 al CERESO del Aguascalientes, tras un estudió que se realiza anualmente sobre el estado que guardan los centros de reeducación social, tomando en cuenta el respecto a siete derechos fundamentales de los presos.
Omar Williams López Ovalle, presidente estatal de CNDH, indicó que la calificación que se dio al CERESO en base a criterios objetivos, que buscan el respeto a los derechos humanos de los reos; separar a los presos procesados de los condenados, alimentación, garantizar la socialización –que se respete el derecho de los reos a ser visitados por sus familias-, garantizar la integridad física y moral de los reclusos, brindar atención a los grupos minoritarios –en enfermos de VIH/SIDA, tercera edad y con discapacidades motrices-, y ofrecer actividades productivas, educativas, recreativas y culturales.
Señaló que la condición en el CERESO ha mejorado, sin embargo el gobierno no debe bajar la guardia y atender la necesidades de las cárceles, resaltó que hace falta inversión de recursos, evitar el hacinamiento y la sobre población, mediante la implementación de políticas jurídicas que permitan a personas que cometieron delitos menores, saldar su condena en libertad ofreciendo servicio comunitario, también identificar qué clase de reos se tienen recluidos y “evitar criminalizar la pobreza”.
López Ovalle manifestó la calificación obtenida por el CERESO de Aguascalientes, señala que se debe seguir trabajando por lograr mejores condiciones de los presos en los siete puntos, que generen una verdadera readaptación, y no sean fuente de otros comportamientos delictivos.
Asimismo dijo, las autoridades penitenciarias deben asegurarse de brindar seguridad a los internos y mantener el orden, “recordemos que en el país hay un problema importante para garantizar la integridad de los reos, un ejemplo que lo representa es lo ocurrido en días pasado en Durango”.
Sobre los traslados de reos de alta peligrosidad al penal del estado, el ombusman, expresó que es un tema complicado en el que las autoridades federales son las que deben dar la cara y las explicaciones necesarias sobre estas acciones, indicó que las autoridades del estado ya han hablado mucho del asunto, pero que en realidad es de competencia federal.
