Sin abrir convocatoria para el periodo extraordinario y con la presentación de tres iniciativas y los pronunciamientos y posicionamientos de sus integrantes en torno a seguridad pública municipal, ayer se llevó a cabo la sesión de esta semana de la diputación permanente. Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Padilla presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, por la cual busca otorgar a la Contraloría Interna del Congreso del Estado la facultad de recibir las declaraciones patrimoniales de los funcionarios legislativos, que hasta ahora tiene la Contraloría General del Estado. Con esta propuesta, consideró, se evita la intromisión del ejecutivo en asuntos del legislativo, así como que el primero intervenga gracias a esta facultad en “decisiones y actos propios de otro poder, en perjuicio del principio fundamental del equilibrio de poderes”.
A su vez, por el Partido Convergencia, Vicente Pérez Almanza propuso reformar el Código Civil del Estado, adicionando una fracción que establezca como causal de divorcio “el empleo de métodos de fecundación asistida” por la mujer, sin el consentimiento del cónyuge. Pérez Almanza consideró que a través de esta iniciativa se estaría protegiendo la calidad de “célula básica de la sociedad” que actualmente tiene la familia, pues se garantizaría que el padre estuviera de acuerdo en la concepción del hijo por un medio distinto a la cópula, pero igualmente que adquiriera las obligaciones y responsabilidades de la paternidad. Por al Partido Acción Nacional (PAN), Jaime Pérez Camacho presentó la iniciativa de reforma y adición a la Ley General de Salud del Estado de Aguascalientes, para que el sector salud brinde atención médica y sicológica a las personas de escasos que sufran quemaduras, “preferentemente a los menores de edad”. Esta iniciativa implica que Aguascalientes cuente con el equipo humano y técnico especializado, así como las instalaciones adecuadas para la atención de este trauma, cuya falta es, a decir del propio Pérez Camacho, donde radica el problema que en este aspecto tiene nuestro país. Seguridad pública municipal, aún tema de discusión Además de las iniciativas, en el apartado de asuntos general intervinieron legisladores de los diversos partidos políticos con alusiones a las cuentas públicas del ayuntamiento capital. El coordinador parlamentario del PAN, Jesús Martínez, exigió transparencia a la administración de Gabriel Arellano, indicando que, si bien el dictamen del contralor municipal “le da la razón” a su partido en señalar a Francisco Gavuzzo como uno de los responsables de las irregularidades en las adquisiciones del helicóptero, cámaras y equipo de seguridad, “falta detallar desvíos y sobreprecio en esta compra”. Afirmó estar a la espera de la revisión de las cuentas públicas municipales de 2008, para que se finquen o deslinden las responsabilidades correspondientes. En contrataque, Enrique Rangel se refirió a la reciente renuncia del panista Francisco Paoli Bolio, bajo el argumento de que “(PAN) ha dejado de ser un instrumento al servicio de la ciudadanía”, criticando que “el buen juez, por su casa empieza”. Por su parte, Pérez Camacho recordó que han sido priistas los que se han opuesto a la rendición de cuentas del municipio y César Cervantes Mena, independiente, concluyó aludiendo a “la adjudicación de contratos que obtiene el círculo más cercano al primer edil y que son realizados al margen de la Ley Patrimonial”.
