El 19 de junio de 2008, la LX Legislatura del congreso local decretó la reforma y adición a la Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad para el estado de Aguascalientes, por la cual se obligaba a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como al municipio y las paraestatales, a contratar y capacitar personas con discapacidad de modo que compusieran al menos el dos por ciento de su nómina.
La disposición fue publicada en el periódico oficial del 30 de junio de ese año, de modo que entró en vigor el 1 de julio.
En los transitorios se otorgó a los sujetos obligados un plazo máximo de 12 meses para acatar la medida, dicho término venció el 1 de julio de este año y, de acuerdo con información proporcionada vía ley de transparencia por la Secretaría de Gestión e Innovación (SEGI) el 11 de agosto de 2009, el poder ejecutivo no cumple por mucho con tal disposición.
Según los datos proporcionados por SEGI, componen la nómina del poder ejecutivo 4 mil 60 personas, de las cuales seis padecen alguna discapacidad; esto significaría que sólo el .15 por ciento de los empleados del gobierno son discapacitados.
De los seis empleados, consta en el documento, uno de ellos presenta “dificultad para caminar” y otro, “poca movilidad en su cadera”, siendo las dos discapacidades menores; del resto, a uno le falta un brazo, otro es “paralítico”, uno más “invidente” y sobre la última persona se acota que sufrió “embolia cerebral”.
Según consta en el documento, los primeros dos reciben un sueldo mensual de 9 mil 284.80 y 16 mil 881.66 pesos, respectivamente.
Al trabajador con un brazo se le pagan al mes 5 mil 271.32 pesos; el invidente recibe una retribución de 5 mil 948.23 pesos, mientras que aquél que tuvo la embolia cerebral recibe 11 mil 343.91 y el empleado que es paralítico gana 7 mil 322.38 pesos.
En total, los salarios de estos funcionarios suman 56 mil 52 pesos, lo que representa apenas el.0014 por ciento de los 3 mil 957 millones de pesos de gasto corriente ejercido por el gobierno durante el primer semestre de 2009, según el informe publicado en Internet por la Secretaría de Finanzas (SEFI), y a .0085 por ciento de lo que en promedio habría gastado en ese periodo cada mes.
En entrevista telefónica, el diputado Jaime Pérez Camacho, promotor de la iniciativa que se elevó a rango de ley, apuntó que el plazo para cubrir esta cuota ya venció y refirió que la sanción para quien podrá ir desde una amonestación pública o privada, hasta la destitución de la persona encargada, de conformidad con la Ley de Responsabilidad del Servidor Público.
Expresó que “no se trata de despedir personas o de incluir en la nómina personas con alguna discapacidad; se trata de que si hay una vacante pueda ser contemplada la persona que tiene alguna discapacidad dentro de la lista de nómina”.
Reveló que en el caso del congreso, falta la mitad de los trabajadores con esa condición para cubrir el porcentaje marcado por la ley; sin embargo, aseveró que se trata de una invitación a todas las áreas de la función pública para incluir a este sector vulnerable.
