Del año 2000 a agosto de 2009, sólo se ha registrado en Aguascalientes un fallecimiento por aborto clandestino, de acuerdo con información obtenida del Instituto de Salud del estado (ISEA) vía ley de transparencia por La Jornada Aguascalientes.
Según el documento de respuesta, se trató de una joven de 20 años de edad habitante del municipio de Cosío, soltera, que se practicó el aborto durante los primero tres meses de gestación, indicando el certificado extendido por servicios periciales que el deceso fue ocasionado por un “aborto séptico inducido”, aunque no aclara si se la muerte se debió a hemorragia, infección u otra consecuencia del procedimiento quirúrgico.
Se obtuvo también que la mujer falleció tan sólo 24 horas después de haberse hecho el aborto y que fue atendida en el hospital Miguel Hidalgo.
Por otro lado, ni el Poder Judicial ni la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) pudieron proporcionar la información, también solicitada vía ley de transparencia, de cuántas solicitudes de aborto por embarazo producido en violación han recibido y aprobado en la entidad desde 2007 hasta este año, indicando que esos datos son inexistentes y por tanto improcedentes.
Cabe destacar que los abortos clandestinos son uno de los principales argumentos tanto de quienes defienden la despenalización del aborto, como de quienes promueven la ley de protección a la vida desde la concepción.
Los primeros, sostienen que es mejor despenalizar esta práctica y establecer un marco jurídico y condiciones adecuadas para que las mujeres que así lo deseen puedan practicarse abortos en hospitales bien establecidos, por médicos profesionales y no mueran en lugares clandestinos, lo que además permitiría llevar un registro y establecer estadísticas, patrones y causas a las que pudiera darse solución.
Los segundos, defienden que se es un ser humano desde el momento de ser concebido y por tanto es un delito quitarle la vida a través de un aborto, sea cual sea el motivo de la madre para hacerlo y las condiciones en que se haya dado la concepción.
Actualmente, la iniciativa de reformar la Constitución local para garantizar “el derecho a la vida desde la concepción” se encuentra, como desde hace un año, bajo análisis en el Congreso local; mientras tanto, la legislación penal del estado permite el aborto en los casos de violación o cuando la vida de la madre corra peligro, debiendo solicitar autorización ante la autoridad judicial, comprobando que se cumple con esos requisitos.
