Desde su creación en 2005, el Consejo Técnico de Beneficencia Privada ha intervenido para que dos instituciones de beneficencia social fueran clausuradas por incumplir la norma de operación, dio a conocer la directora del DIF estatal, Adriana Rodríguez Castro, entrevistada ayer al término de la sesión de la comisión de Desarrollo Social a la que asistió en el Congreso del estado.
Rodríguez Castro indicó que este consejo está integrado por el DIF, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), el Instituto de Salud (ISEA) y el de Educación del estado (IEA) y dos organizaciones de la sociedad civil y que parte de sus funciones es la revisión de instalaciones en estas instituciones, así como “el respeto a los derechos y la dignidad de los beneficiarios”.
En esta función, comentó, “en su momento fue un centro que se cerró en El Llano… porque no cumplía con la norma oficial y además los menores que se albergaban, pues corrían un riesgo”. De acuerdo con una nota publicada el La Jornada nacional el 28 de noviembre de 2005, se trató del albergue Arcoiris, operado por el norteamericano naturalizado James Alvin Unkizir y entre los motivos del cierre se mencionó que ofrecía condiciones insalubres, que no llevaba expedientes del los 14 menores que atendía y posible maltrato a los niños.
Del cierre efectuado en 2007, la funcionaria no pudo recordar, al momento de la entrevista los detalles del caso.
Añadió que otras de las tareas de este consejo es solicitar a las organizaciones “sus estados financieros, ver que efectivamente cumplan con su objeto legal” y que, tanto en un sentido, como en el otro, se efectúan visitas constantes para garantizar que todo esté en orden.
En otro orden de ideas, la directora del DIF señaló que a pesar de la crisis económica, no se ha incrementado el número de niños puestos a disposición de este tipo de instituciones; sin embargo, admitió, se ha observado un aumento de entre 50 y 60 por ciento en las solicitudes de apoyo, “sobre todo en la parte de apoyo médico”, como son ayuda para cirugías, medicamentos “y en algunos casos alimentario, mientras se regulariza su situación económica”.
De igual forma, respondió al ser cuestionada al respecto, tampoco se tiene conocimiento de cierre de instituciones benéficas por falta de recursos o de incremento en las denuncias recibidas en la Procuraduría para la defensa del menor.
Falta cultura de adopción de niños con discapacidad o mayores de cinco años
Por otro lado, Rodríguez Castro manifestó que en Aguascalientes hace falta cultura de la adopción en lo referente a infantes con discapacidad o que son mayores de cinco años, pues son muy pocas las familias que, teniendo hijos o no, opta por adoptar a estos niños.
No obstante, dijo, el DIF continúa promoviéndolos y se mantiene en comunicación con asociaciones o fundaciones internacionales mediante las cuales pueden acceder a una familia, ya que “su proceso de discapacidad mejora” viviendo integrados de esa manera.
Informó que de los 34 menores que tiene actualmente la Casa DIF, cinco tienen alguna discapacidad, mientras que otros ocho continúan en proceso de liberación de la patria potestad, en su mayoría por maltrato.
El más pequeño, dijo, es un bebé de entre dos y tres meses que, por esa razón fue canalizado a la institución por la PGJE.
