A la mitad del camino, el presidente usurpador rindió su tercer informe de gobierno como suelen hacerlo los jefes de estados fallidos: a espaldas del pueblo. El mensaje de Calderón quedó reducido no sólo al tamaño de su desgobierno, sino a un simple diagnóstico de adversidades que devino en un demagógico exhorto de cambio a la nación en forma de decálogo, sintiéndose tal vez, el Moisés del Siglo XXI que recibe de la mafia que lo impuso en el poder, las tablas de la ley para combatir el hambre y la desesperación del pueblo mexicano en su largo peregrinar a la Tierra Prometida que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús prometió en su campaña electoral.
Un día después de cumplir la obligación de informar al Congreso de la Unión el estado que guarda la Administración Pública, ante una audiencia que no pudo prescindir del aplauso y la adulación, Felipe Calderón pretendió justificar su incapacidad al frente del gobierno amparándose en la influenza que escandalosamente afrontó, en la crisis financiera internacional que sistemáticamente negó, en las inercias que no desterró, en la sequía que no previó y en la falta de visión que notoriamente padece.
Referir logros insuficientes trae a la memoria las expectativas de la ciudadanía en materia de cambios. Nada dijo del ahorro presupuestal que pudo generarse en el combate a la corrupción, bandera que sin duda allanó el camino al Partido Acción Nacional para llegar a la Presidencia de la República en el año dos mil. Casi nada informó sobre transparencia o rendición de cuentas y absolutamente nada sobre el cumplimiento de sus compromisos de campaña.
Restablecer una agenda económica, política y social a mitad del camino, en pleno estancamiento y decrecimiento económico sólo nos confirma a los mexicanos que estamos ante un Estado Fallido, frustrado, desacreditado, sin rumbo y al borde del colapso. Valor civil, coraje y una dosis de realismo le faltaron a Calderón para reconocer la incapacidad de su administración para garantizarle a la población los más elementales derechos sociales a la salud, educación y trabajo; para proporcionar servicios públicos a todos por igual y admitir el fracaso de la política social que no ha podido detener el avance desmedido en los índices de pobreza. Acaso su único mérito y razón de subsistencia resida en su efectividad electoral.
Reconocer que el Estado desfallece es indispensable para iniciar la transformación. No basta convocar al cambio luego de haber fracasado en el combate al narcotráfico. Esa tarea que priorizó el gobierno usurpador en aras de su legitimación, careció de estrategia y por tanto de efectividad. Las tácticas reactivas y medidas limitadas sumadas a la corrupción e impunidad institucionalizada arrojaron como resultado la pérdida del control del estado en casi 400 municipios que hoy están en manos del crimen organizado. Ni los más de catorce mil decesos en su lucha por combatir el narcotráfico, ni los sesenta mil detenidos han logrado mermar la acción criminal y en cambio si han trastornado los mecanismos de impartición y procuración de justicia así como el sistema penitenciario. La justicia pronta y expedita, la re educación social y seguridad jurídica seguirán siendo asignaturas pendientes en la inconclusa reforma del estado.
Pretender cambios en materia educativa, energética, telecomunicaciones y finanzas públicas sin que Calderón establezca al menos una sana distancia entre su gobierno y quienes le financiaron el ascenso al poder, se antoja impensable. Exhibir sin inmutarse la falta de apoyos a la educación superior, el deficiente nivel de preparación docente del profesorado nacional, la mutilación de la historia y la disminución de horas relativas a humanidades en la carga curricular del sistema educativo, así como ignorar complacidamente los errores y deficiencias de los libros de texto tanto o más que los perfiles de las autoridades educativas, son claras muestras del contubernio entre una seudo líder magisterial venida a dirigente partidista y un gobierno más preocupado por su deuda electoral que por la educación integral de la niñez y juventud mexicanas.
Más le valdría al gobierno federal combatir los monopolios y hacer efectivo el cobro de los impuestos a las grandes empresas que hasta hoy han gozado de beneficios fiscales, en lugar de anunciar paquetes económicos que contemplan aumentos al diesel, gas, gasolina, energía eléctrica y la tan llevada y traída generalización del IVA en alimentos y medicinas, que los grandes aliados del gobierno usurpador han propuesto como una salida estelar para enfrentar el desastre económico. ¿Qué otra cosa puede contener un informe fallido?
