La mayoría del PRI en el Congreso del Estado, prepara ya el intercambio de complicidades en la revisión de las cuentas públicas del año 2007, correspondientes a las administraciones de los gobiernos de Luis Armando Reynoso Femat y Martín Orozco Sandoval que debió aprobar o rechazar la pasada legislatura bajo control del Partido Acción Nacional.
No es casualidad el deliberado tortuguismo del Órgano Superior de
Fiscalización en manos del PRI que encontró la mejor forma de negociar
las irregularidades detectadas en los ejercicios del gasto público
tanto del gobierno del estado como del municipio de Aguascalientes para
imponer el clásico tapaos los unos a los otros con el gobierno de
Gabriel Arellano, quien fiel a su particular estilo de administrar,
hizo del peculado y el despilfarro, las normas constantes en el
ejercicio de los recursos públicos del municipio de Aguascalientes.
Las observaciones arrojadas por las auditorías practicadas a los
gobiernos emanados del PAN se quedaron cortas ante la espeluznante
corrupción del gasto público que Gabriel Arellano y compinches
realizaron en su primer año de gobierno. Sin embargo, lo más
preocupante para el presidente municipal, no es la imposibilidad de
solventar el cúmulo de irregularidades que presentan sus cuentas
públicas, sino el firme propósito de los diputados de su propio partido
que están dispuestos a exhibir las inocultables fechorías de su
administración.
Ante este escenario, el papel que juega el marco regulatorio en
materia de fiscalización de los recursos públicos es muy limitado, y lo
sabe de sobra el PRIAN por muchas razones. No existen sanciones para
castigar la falta de revisión de las cuentas públicas ni exigirla en
los tiempos señalados en la propia constitución local. El Poder
Legislativo al postergar su tarea de revisión, incumple uno de sus
mandatos constitucionales. En consecuencia se cancela e inhabilita un
ejercicio efectivo de transparencia y rendición de cuentas confiable y
sostenible a largo plazo. Si a ello sumamos que las facultades del
Órgano Superior de Fiscalización son extremadamente limitadas en virtud
de que las observaciones y recomendaciones que hacen a las cuentas
públicas no tienen carácter vinculante, y en el mejor de los casos, se
limitan a una simple llamada de atención para los funcionarios públicos
o dependencias que incurren en alguna falta.
Es una obligación para la LX Legislatura del Congreso del Estado
contribuir a transparentar el ejercicio de los recursos públicos y
discutir en el pleno legislativo las sanciones a quienes violenten las
normas en materia de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la
información, sin solapar las ausencias regulatorias y evaluación del
desempeño de muchas dependencias empeñadas en infringir la ley dentro
de la ley. En síntesis, el proceso de fiscalización, requiere incluir
mecanismos de sanción efectiva y no sólo observaciones y
recomendaciones que invitan más a la simulación sustentada en el
discurso, que a una verdadera construcción de confianza ciudadana que
garantice una auténtica rendición de cuentas.
Es necesario que los y las legisladoras asumamos la importancia que
tiene nuestra tarea de fiscalizadores del gasto público y cumplamos con
nuestras obligaciones y “responsabilidades” en tiempo y forma,
anteponiendo los beneficios ciudadanos a los intereses político-
electorales.
Las recientes denuncias públicas relacionadas con actos de
corrupción cometidos por el ayuntamiento de Aguascalientes vinculadas a
sobreprecios en la adquisición de bienes, obligan al Congreso del
Estado a darle toda la importancia y significado a estos reprobables
hechos más allá de los intereses políticos partidistas que se imponen a
través de las concertacesiones o el intercambio de complicidades que
hacen a un lado la anhelada transparencia en el gasto público y
sepultan la razón de la justicia.
La transparencia implica una amplia difusión de los actos de
gobierno a fin de permitir que la ciudadanía los conozca y pueda
realizar el denominado control social de los mismos. No se puede negar
que una de las formas que adopta la corrupción en el ámbito público, se
da a través del sobreprecio que los gobiernos suelen abonar
indebidamente en las adquisiciones que efectúa y de los que gusta
realizar Gabriel Arellano Espinosa más allá de las notas de prensa
pagadas con dinero público que dicen lo contrario.
