A propósito de la amenaza de bomba que desató una gran movilización policíaca y militar en el centro de la ciudad y que resultó falsa alarma en los palacios municipal y de gobierno, el presidente de la comisión de justicia en el Congreso del Estado, Enrique Rangel Jiménez, recordó que desde septiembre del año pasado esa acción quedó tipificada como delito.
De acuerdo con el artículo 91 G, el “uso indebido de llamadas telefónicas para movilizar los sistemas de emergencia” es cuando dichas llamadas se hacen sin que exista necesidad de obtener estos servicios y de dar un aviso falso “de alerta, emergencia, ayuda de un particular” o cualquier otra movilización que genere movilización de las corporaciones policíacas y de rescate de la entidad.
Asimismo, establece que la pena para quien incurra en este ilícito será de seis meses a dos años de prisión y de 50 a 100 días de multa.
Rangel Jiménez indicó que, si bien la pena no es alta, el uso indebido de llamadas está clasificado como delito grave, especialmente por la inseguridad que se vive actualmente en el país.
Comentó que, gracias a la tecnología con que cuentan los C-4 municipal y estatal, ya se tiene la posibilidad de detectar el lugar de origen de estas llamadas, incluso si se hacen desde un teléfono público o de un celular, aunque falta perfeccionar los mecanismos de ejecución para que quienes las hacen puedan ser identificados.
Respecto a lo sucedido ayer, expresó ya es función de las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto, señalando que ya en otras ocasiones se ha podido incluso detectar llamadas en que secuestradores pedían el rescate a familiares de sus víctimas, logrando la captura de los individuos.
