Los Centros de Readaptación Social (CERESO) de Aguascalientes “se nos están llenando” admitió el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Juan Arturo Muñiz Candelas, quien calculó que en este momento ya albergan a 50 por ciento más reos que en todo el año anterior.
Al considerar que es un “síntoma” que debe preocupar, Muñiz Candelas expresó que por esta razón debe tenerse mucho cuidado al implementar la reforma al sistema de impartición de justicia que permita, en este caso al estado, pasar de los juicios escritos a los orales, especialmente en el catálogo de delitos que sean considerados como graves, tarea que recaerá en el Congreso local.
Consideró que con los que actualmente están considerados en esta categoría es suficiente, pues el sobrecupo ha sido provocado en gran parte por la incursión en ellos, lo que debe ser motivo de reflexión en caso de reformar el catálogo.
Pasando de lleno al tema de los juicios orales, el magistrado calculó que no será sino hasta dentro de tres años, más o menos, cuando esta forma de desarrollar los procesos judiciales sea una realidad, toda vez que requiere de una reforma a la legislación penal, así como de instalaciones, presupuesto y preparación con la que actualmente no se cuenta.
En este momento, por parte del Poder Judicial del estado, dijo, son aproximadamente 30 las personas que se están capacitando en esta materia; en cuestiones de presupuesto, señaló que tanto a nivel estatal como federal, se trabaja en una dinámica de implementación paulatina de este tipo de juicios, por objetivos, y será en esta misma forma –en función del cumplimiento de los mismos- como los recursos para su aplicación llegarán.
En cifras, expresó que para Aguascalientes se presupuestaron cuatro millones de pesos, pero dijo desconocer cuándo estarán listos para poder ejercerse, primero, en capacitación y después en infraestructura y equipamiento.
Sobre las adecuaciones a la ley, manifestó que la reforma deberá consistir en garantizar la oralidad mediante la concentración del proceso en una sola audiencia, así como la inmediación (que el juez reciba directamente y en este única audiencia) “y que haya una cuestión de controversialidad entre el ministerio público con el acusado y con el defensor del acusado”.
Con respecto a la preparación de los abogados, Muñiz Candelas explicó que esa es responsabilidad que corresponde a los propios profesionistas del derecho, apuntando que hasta ahora la han promovido mediante la realización de foros de análisis; esto, sin tomar en cuenta a las facultades universitarias, que tendrían que adecuar sus planes de estudio a esta modalidad.
Con respecto a la responsabilidad del Poder Judicial en el combate al crimen, indicó que el actuar de un juez está normado por la Constitución mexicana, que indica de qué manera debe ser juzgada una persona, de modo que teniendo los elementos (pruebas) se dé una sentencia, y no teniéndolos, el resultado sea otro, sin variación, por respeto a las garantías individuales.
Indicó que aún quedan siete años de trabajo legislativo para que los juicios orales entren en vigor, tiempo que consideró suficiente para hacer las adecuaciones de manera concienzuda, garantizando al acusado que será juzgado de forma transparente y justa.
Poder Judicial ha generado ahorros, pese a decrecimiento de su presupuesto
En otro orden de ideas, el magistrado reiteró que el Poder Judicial ha entrado en una política de ahorros, pese a que su recurso fue “recortado” desde el presupuesto de egresos presentado a fines de 2008, pues “tuvimos sólo un millón de pesos de aumento”.
Con esta disminución, dijo, la instancia se vio obligada a adecuar su trabajo para eficientarlo conforme al presupuesto disponible.
