La elección de nuevo comité directivo en el Sindicato Mexicano de Electricistas derivó en conflicto postelectoral: la planilla encabezada por Alejandro Muñoz se inconformó por el resultado electoral que dio el triunfo al dirigente Martín Esparza, teniendo como base para inconformarse la irregularidad del padrón de trabajadores en activo y jubilados, que incluyó a trabajadores inexistentes; consecuentemente, las actas de la elección fueron irregulares; y, finalmente, la reelección del líder Martín Esparza está en suspenso.
Los trámites siguientes de las dos partes fueron: por el lado de
Martín Esparza solicitar, con base en sus actas, la “toma de nota” de
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y, por parte de Alejandro
Muñoz, también con base en sus actas y después de agotar los
procedimientos internos determinados en los estatutos del sindicato
para estos casos, iniciar el juicio laboral ante la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje.
Ambos trámites tienen caminos distintos: el registro del supuesto
triunfo de Martín Esparza no pasó en la STyP, ya que con base en los
documentos presentados por el dirigente sindical y en los propios
estatutos del sindicato, no se cubrieron los requisitos para
proporcionar la toma de nota de la reelección del dirigente y su
planilla; y por lo que toca al juicio laboral iniciado por Alejandro
Muñoz en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje revisar el
proceso electoral y calificar el resultado, está en sus inicios y
todavía no ha emitido resolución, la que hará en las próximas semanas.
El tema del SME tiene varios aspectos a considerar: con base en las
irregularidades detectadas por la STyPS en el proceso electoral, ésta
ha tenido el “atrevimiento” de contrariar a un líder sindical de un
sindicato mayor que tiene una alta capacidad de organización y
movilización, cuyo discurso político actual es contestatario al
gobierno federal; la negativa de la toma de nota ha propiciado que
actores y sectores de la sociedad definan su posición ante el actuar
del gobierno federal en el aspecto sindical, ante el sindicalismo
mexicano, y ante la circunstancia que vive la empresa Luz y Fuerza del
Centro, que es un tema aparte; otros dirigentes sindicales y algunos
militantes partidistas, como es el caso de algunos legisladores
federales, se han unido al reclamo de Esparza, y exigen la toma de nota
por parte de la STyPS.
La circunstancia actual del SME tiene lecturas diversas: el gobierno
federal viola la autonomía sindical al no otorgar la toma de nota; el
gobierno federal pretende privatizar la Compañía de Luz y Fuerza del
Centro; el gobierno federal liquidará la empresa y la fusionará a la
Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, también cabe la
apreciación de que el gobierno federal busca transformar la política
sindical, y la forma como la lleva a cabo es en el marco de la
legalidad y de su aplicación.
Recordemos casos anteriores en que los cambios sindicales se han
efectuado como golpes a los sindicatos; los más recordados son los de
los sindicatos ferrocarrilero, petrolero y magisterial, que tuvieron
como fondo la exclusión de los dirigentes del momento y el
realineamiento de los nuevos con las políticas del gobierno federal.
Hoy el panorama sindical presenta nuevas oportunidades: en los
últimos años los sindicatos han tenido la disyuntiva de aceptar
alianzas con el gobierno federal o permanecer separados. La época en
que el gobierno federal obligaba a la subordinación de los dirigentes
sindicales cooptándolos con puestos de elección popular y dádivas, ha
quedado atrás; cada sindicato de los mayores ha manejado sus propios
intereses y cuando la alianza con el gobierno le es favorable, entonces
la ha realizado.
Los casos más cuestionados por esta alianza han sido los maestros y
los petroleros; sin embargo, no podemos pasar por alto el consenso
formado como mayoría al interior de los sindicatos –ciertamente
cuestionado por actores político partidistas- para realizar la alianza
con el gobierno federal.
Para ver el cuadro completo es necesario tomar en cuenta las
disidencias sindicales que se van generando al interior de los
sindicatos: son disidencias que expresan desacuerdo con los comités
directivos y sus acciones, con las alianzas que realizan ya sea con los
gobiernos federal o estatales, o con los empresarios privados; y que
como disidencias deben crecer, como es el caso del SME, hasta lograr
consensos de mayoría, y expresarse en los eventos electorales.
Es loable que la STyPS aplique la ley en el caso del SME, y que haga
valer la democracia sindical –la legal y no la de la fuerza
caprichosa-; no obstante, la pregunta clave que está en el ambiente es
si se dará efectivamente un cambio de fondo en la política sindical del
gobierno federal, o en el caso de este sindicato la negación de la toma
de nota será explicada en el futuro como la respuesta –que en este
escenario sería también caprichosa- a un dirigente sindical que es
contestatario al gobierno.
Si la respuesta a la pregunta es la del cambio de fondo en la
política sindical veremos a la STyPS aplicar la ley tanto a los
dirigentes sindicales aliados como a los que no lo son, sin distingos
–así de sencillo-.
