La administración municipal de Martín Orozco no manejó los recursos públicos con “transparencia, con eficiencia, con probidad”, mientras gobierno sí lo hizo “en general”, apuntó ayer el presidente de la comisión de vigilancia en el Congreso local, el priísta Alberto Solís Farías, al ser cuestionado sobre la diferencia legal en la aprobación de las cuentas públicas de gobierno y el rechazo de las de municipio en el segundo semestre de 2007.
– Entonces, ¿gobierno sí manejo sus cuentas con transparencia?, se le preguntó.
Su respuesta fue que “en lo general, recordemos que la definición de cuentas públicas es justamente la recaudación, ejercicio, administración de los recursos públicos y de los estados financieros” y en ese sentido fue que se hizo la diferencia entre uno y otro organismo fiscalizado; “ya en lo particular”, dijo, “se hicieron los señalamientos y observaciones correspondientes.
Al señalársele que la comisión que preside leyó una propuesta de
decreto donde ambas cuentas se tenían por revisadas y aprobadas, siendo
en el caso de la administración municipal rechazada la segunda parte,
justificó que las comisiones hacen una propuesta, “pero el pleno
legislativo es la máxima autoridad y por tanto él es el que tiene la
última palabra”.
Solís Farías sostuvo que en las aprobaciones que se dieron por
mayoría no votaron todos los integrantes la bancada del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y sí algunos de la de Acción
Nacional y la representante del PRD.
Con respecto a la existencia de un plazo en el que los órganos
internos de control de cada dependencia, afirmó que está establecido en
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, limitados
únicamente “por la caducidad y la prescripción de las faltas” que se
hayan detectado.
En estos casos, manifestó, serán las Contralorías Internas las encargadas de definir esos plazos, conforme a la citada ley.
Por su parte, el coordinador parlamentario tricolor, Fernando
Palomino Topete, aseveró que “no actuamos con un sentido partidista, ni
con un sentido político, para hacer mártir a nadie”; por el contrario,
consideró que ayer se sentó un precedente en la calificación de las
cuentas públicas con respecto a legislaturas anteriores y dijo que es
en este sentido en el que se debe dimensionar lo sucedido ayer.
Palomino Topete indicó que aprobados o rechazados, no “se exime de
las responsabilidades que los propios dictámenes contienen” y que “se
aprobaron todos, todos los dictámenes para darle procedencia justamente
a las responsabilidades, anomalías o irregularidades” que presentó cada
organismo fiscalizado.
Distinguió también que, en el caso de los ayuntamientos, el manejo
de los recursos recae en el presidente municipal, “por lo tanto hay un
responsable”; mientras tanto, en el caso del ejecutivo estatal, la
mayoría de las observaciones las tuvieron tres o cuatro organismos
descentralizados, cada uno de los cuales tiene un titular que es
responsable directo de las observaciones.
Reiteró que en todos los casos “se dio vista a la Contraloría
correspondiente” para que mande llamar a quienes deban entregar más
información o en su caso finque responsabilidades.
Dijo desconocer si algún integrante de su bancada negoció con el gobernador y aseguró que en su caso particular no fue así.
