Son 7 millones 512 mil pesos los que están considerados en obra pública fuera del cumplimiento del Fondo de Aportaciones para la infraestructura social, siendo un total de 16 proyectos culminados, por lo que se le pidió al municipio de Calvillo reintegre el monto total, quedando esta petición como no solventada ya que el ayuntamiento no cumplió con los argumentos suficientes dentro de los 15 días de plazo.
El congreso del estado aprobó la cuenta en la que también está detectada una irregularidad en cuanto al empedrado y el servicio de agua potable y alcantarilladlo debido a que otorgó estos servicios a particulares cuando en el caso de la administración directa no debe de ser así. Además de que el municipio realizó pagos indebidos a contratistas por 73 mil 300 pesos de tres obras públicas que están consideradas por mala calidad.
Al realizarse la auditoria de cada obra pudo detectarse que cuatro de las mismas incumplen con toda la documentación requerida, 3 de ellas son referentes a las cotizaciones y la ultima en cuanto a la bitácora de la obra, quedando parcialmente solventada.
En el ramo 33, el municipio contrató con los recursos al despacho “DEFAYCO”, con el objeto de que éste supervisara y revisara los expedientes técnicos del ejercicio 2007 en las obras públicas municipales. El costo de estos servicios fue de 99 mil 500 pesos por una duración de seis meses.
El despacho está representado por Ana Rocío Romero Sánchez , “sin embargo, no existe en el expediente evidencia alguna que justifique el pago de dichas facturas, es decir, no se encontraron documentos que comprobaran que fueron realizadas actividades de supervisión por el despacho contable y el municipio no presentó los papeles de trabajo, reportes, informes, bitácoras y/o documentos del profesionista que demuestren el trabajo y los resultados de la fiscalización y revisión a fin de cubrir el compromiso pactado”.
Aunque el municipio presentó copia simple de algunos documentos, el organismo de fiscalización determinó que no había las pruebas suficientes y dictó como una cuestión no solventada, pidiéndole al ayuntamiento el reembolso de la cantidad gastada y que se deslinden responsabilidades a los funcionarios que autorizaron esta firma de contrato.
Otra de las revisiones gira en torno al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) donde al personal de seguridad pública en sus nóminas estaban recibiendo un descuento “por conceptos de caja de ahorro, pagos a préstamos de caja de ahorro, PROMOBIEN, FONACOT, Centro Médico México-Canadiense, sin que se hayan presentado, a efecto de revisar dichas retenciones, los convenios celebrados a favor de dichas empresas”, que tuvo como solución parcialmente solventada porque no todos los convenios fueron presentados ante el congreso del estado.
“De la revisión efectuada a los documentos que amparan el pago de honorarios a profesionales, se verificó que los recibos expedidos por el Dr. José Ángel Inguanso Robles por concepto de certificados médicos, tienen vigencia hasta el 19 de julio de 2007, sin embargo, expidió recibos hasta el mes de diciembre, mismos que fueron pagados del periodo de julio a diciembre en cantidad de 69 mil pesos”, por lo que se requiere que el municipio haga un pago de 11 mil 500 pesos.
En este municipio hubo también observaciones al patronato de la feria ya que hay erogaciones no justificadas por 105 mil pesos a cuatro empleados, bajo el argumento de que fueron gratificaciones, los nombres son: Juan Roberto Delgado con 15 mil pesos, Juan José Escobar Hernández por 15 mil pesos, Hermilio Gaytán Ruvalcaba por 25 mil pesos y Elpidio Rodríguez Olmos por 50 mil pesos.
A esto se le suman 34 mil 750 pesos que fueron para la compra de boletos para una corrida de toros a la que asistieron “invitados especiales”.
