“Un alud de amparos” fue lo que previó el diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Jaime Gallo Camacho, tras la aprobación de la Ley de Ingresos por la cámara baja del Congreso de la Unión, pues consideró que esa reforma fiscal golpea más los bolsillos de los que menos tienen.
Entrevistado por La Jornada Aguascalientes, señaló que “a decir de los fiscalistas”, estas modificaciones provocarán que dicha reforma se judicialice y consideró que, una vez más, hizo falta un acuerdo sí entre los actores políticos, pero con una mayor conciencia hacia el pueblo, además de que influyeron “las presiones de tener un nuevo Congreso” de la Unión.
Con base en la Ley de Ingresos aprobada por los diputados federales, previó para Aguascalientes un presupuesto austero, de alrededor de nueve mil 500 millones de pesos y sostuvo que de ser así, tendremos “que ser concientes de que no puede haber mayores obras de infraestructura y menos en el cierre de una administración”.
En lo local, indicó, debiera actuarse inversamente a como se está haciendo, viendo primero cuánto hay y después definir en qué se gastará, lo que “nos ayudaría mucho a no cargarle a la población tanto gasto que, al final, resulta oneroso y redunda en despilfarro y una mayor pobreza en nuestro país”.
Evaluó que la aprobación del incremento a impuestos como el de Valor Agregado (IVA), Sobre la Renta (ISR) y otros que se contemplaron en la propuesta autorizada para el año entrante por la cámara baja, es resultado de la ineficiencia en la recaudación y la mala distribución de la carga tributaria entre los contribuyentes, que provocaron que la recaudación haya disminuido.
Gallo Camacho afirmó que el Impuesto a Depósitos en Efectivo (IDE) fue benéfico en el sentido de que permitió identificar a los grandes empresarios que no tributaban; sin embargo, evaluó que sería mejor generalizar los impuestos porque “hay manera de compensar a los que menos tienen”.
Concretamente, propuso disminuir el IVA al siete por ciento, extendiéndolo a alimentos y medicinas, destinando los recursos recaudados por esta vía a programas sociales.
El diputado local expresó que “la gran responsabilidad” que tendrán ahora sus homólogos federales será la de explicar “el por qué de esta decisión” y buscar integrar una política económica que “mejore la productividad, que privilegie la planta productiva y que ayude a generar empleo”.
Al admitir que la decisión tendrá un costo político, adelantó que éste será el alejamiento de la población de las urnas, el descrédito de los políticos ante la ciudadanía.
Señaló que “el presidente tuvo que tomar decisiones de este tipo porque era incrementar impuestos o dejar de recaudar y con ello disminuir el gasto en algunos rubros del gobierno”, aunque por los contrastes en su actuar, pareciera que el costo político “pesa más que la población”.
