Los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) buscan reincorporar a la Legislación Penal del estado el delito de asociación delictuosa, además de tipificarlo como grave e imponer penas más severas cuando quien lo cometa sea o haya sido servidor público.
En la iniciativa de reformas y adiciones a esta normativa que presentó en la sesión que la diputación permanente sostuvo ayer, Enrique Rangel Jiménez argumenta que “la asociación de dos o más individuos con el ánimo de delinquir” ha sido frecuente en Aguascalientes en los últimos tres años, además de observar en ella la participación de “elementos de seguridad pública, de procuración o de administración de justicia”.
De aprobarse esta iniciativa, se crearía el artículo 78 bis a esta legislación, en el que se contemplaría una pena de dos a ocho años de prisión y cien a quinientos días de multa, a lo que se añadirían las sanciones previstas para el o los delitos cometidos.
Asimismo, se establecería que cuando se cometan delitos graves en asociación delictuosa “la sanción podrá aumentarse hasta en una tercera parte” y en “una mitad más” para quien cometa el delito siendo o habiendo sido servidor público, inhabilitándolo además hasta por 10 años para obtener otro cargo o empleo.
De igual manera, se añadiría la fracción XXVIII al artículo 481 de la legislación, para que la asociación delictuosa se catalogue como grave.
El delito fue derogado en enero de 2004, cuando la ley en materia penal se reformó para convertir al “Código Penal” en “Legislación para el Estado de Aguascalientes”; no obstante, se contemplaba como agravante en algunos delitos, como la extorsión, del cual trata el artículo 49, donde, sin embargo, se entiende por asociación delictuosa “toda aquella agrupación o banda de tres personas con propósito de delinquir”.
Proponen representatividad plural en organismos fiscales
Por su parte, Vicente Pérez Almanza presentó la iniciativa de reforma a los artículos 67 y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a fin de que los diputados que integren el comité de administración y la comisión de vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización (OSF) representen a todas las fracciones parlamentarias con presencia el Congreso.
En la exposición de motivos, el legislador afirma que las comisiones vigilancia son constantemente objeto de especulación “en cuanto a si se han convertido en un instrumento de poder político”, más que en un órgano de revisión y rendición de cuentas, mientras que el comité de administración, en el caso específico de Aguascalientes, está integrado sólo por diputados del PRI y el PAN.
De aprobarse la iniciativa, ambos grupos quedarían integrados “por tres diputados de la primer fuerza política, dos de la segunda fuerza política y un diputado de cada uno de los partidos políticos representados en la legislatura”, entrando en vigor la disposición un día después de su publicación en el periódico oficial.
A su vez, una de la secretaría de la permanente recibió la iniciativa de Ley de Responsabilidad Patrimonial, por la cual el estado quedaría obligado a indemnizar a las personas que “sin obligación jurídica de soportarlo, sufran una lesión en cualquiera de sus bienes, posesiones o derechos, como consecuencia de la actividad administrativa del estado, sea regular o irregular”.
Finalmente, en el apartado de asuntos generales, Jesús Martínez González expresó el respaldo del grupo parlamentario de Acción Nacional a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (Lyfc) y su sindicato, lo que definió como la “voluntad” del gobierno federal de “poner en marcha un esquema más competitivo”, considerando al organismo gremial “un lastre para la ciudad de México y un obstáculo para la competitividad de las empresas”.
Ante ello, Pérez Almanza cuestionó el actuar del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Snte), de quien dijo, también goza de privilegios y comete abusos.
Igualmente, Edgar Bussón Carrillo aplaudió la decisión del ejecutivo federal, pero cuestionó la doble moral del gobierno panista de Felipe Calderón al afirmar que, según información del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), por la liquidación de los 44 mil trabajadores será de 42 mil 802 millones, 599 mil 400 pesos, para lo cual no existe presupuesto y que no es asunto derivado de la crisis económica mundial.
