La liquidación de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC) ha despertado diferentes reacciones, entre ellas la del senador panista, Rubén Camarillo Ortega quien dio el espaldarazo al gobierno federal ante dicha medida.
“Apoyamos firmemente la decisión del presidente de la República de liquidar Luz y Fuerza del Centro, esta empresa no cabe en México porque es incapaz, ineficiente que requiere de que el gobierno le inyecte más de 40 mil millones de pesos cada año”.
Camarillo Ortega concibió esta problemática desde diciembre de 1974,
señalando que en esta fecha en el mes de diciembre se había expedido un
decreto que demandaba desaparecer la paraestatal, sin embargo, los
gobiernos panistas y priístas tuvieron la facultad para poder pasar por
alto esta notificación. “Luego después al gobierno le vuelve a temblar
la mano y deja que en este transitorio una empresa que se ordenó la
extinción hace 35 años para que siguiera haciendo de las suyas”.
Subrayó que la eliminación no corresponde a una problemática de hace
semanas con la negativa ante la toma de nota del Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME).
Aplaudió de esta forma la medida tomada por el gobierno federal,
destacando que está comprometiéndose al pago de las indemnizaciones
correspondientes, así como al ejercicio que existe con el pago de las
jubilaciones.
Serán cerca de 40 mil los trabajadores despedidos entre eventuales y
permanentes, pero ellos con la posibilidad de ser recontratados para la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), pronosticando que podrían
llegar a ser hasta 10 mil los reincorporados.
Hizo memoria para argumentar que los senadores del grupo
parlamentario del PAN, desde las primeras sesiones de la comisión de
energía pedían que LFC quedara extinta al no ver la necesidad de que
hubiera dos organismos encargados de suministrar los recursos
energéticos, más cuando a su decir, la ahora finiquitada sólo producía
el 70 por ciento de insumos a los que tenía capacidad.
Por su parte, el diputado federal priísta, David Hernández Vallín,
indicó que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), la semana pasada expuso su respaldo hacia el SME,
confiando en que este siga justo en un momento como el actual.
Al asumir el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín
Carstens Carstens un costo de 20 mil millones de pesos por pago de
indemnizaciones, el diputado federal subrayó que entonces el gobierno
federal tiene entre sus bolsas “partidas secretas, esto nos deja pensar
que hay recursos en la federación”, ejemplificando en el tema de los
subejercicios, recomendando que estos montos sean utilizados para el
boquete fiscal.
Consideró que el problema radica en que el gobierno federal mantuvo
su resistencia ante la entrega de la toma de nota al sindicato, por
ello reclamó la autonomía de los electricistas, «lo vemos como un
fuerte golpe al sindicalismo en México”.
No descartó que después de caer este gremio, puedan empezar a
indagar en el funcionamiento de otras organizaciones como son las
magisteriales y la de PEMEX. El día de hoy habrá una sesión en la que
anticipó que el tema podrá retomarse a fondo.
