El representante legal de la Unión Popular Revolucionaria (UPR), el perredista Miguel Bess-Oberto Díaz, acudió a esta redacción para desmentir, documentos en mano, lo afirmado por la asociación de colonos de Tierra y Libertad, quienes acusaron al político y otros integrantes de la asociación de haber incumplido con la escrituración de sus terrenos y de revender terrenos.
En primer lugar, Bess-Oberto Díaz negó tener trato de negocios con quienes se identificaron como representantes de los colonos y señaló que ya desde hace tiempo esos ciudadanos fueron parte de la persecución que se emprendió contra la asociación cuando el entrevistado fue diputado.
Luego aclaró que la colonia está debidamente regularizada,
autorizada y dividida en 500 lotes que fueron adquiridos a nombre la
asociación, con la aportación de dos mil 900 pesos de sus integrantes,
a quienes está por escriturárseles los predios que se les concedieron,
para lo cual presentó fotocopia del periódico oficial del 5 de mayo de
2008.
Afirmó que son algunos de los que se manifestaron afuera de palacio
mayor quienes están invadiendo terrenos que no les pertenecen y quienes
están cometiendo fraude, pues mientras unos afirman haber comprado
terrenos a personas desconocidas para la unión, otras, como Roberto
Castillo Pizaña, han revendido los predios de los que ayer se quejaban
no contar con las escrituras.
Para sustentar esta acusación, el perredista mostró también
fotocopias de varios recibos simples y otros incluso hechos a mano y
llenos de faltas de ortografía, donde se vendían las tierras hasta por
56 mil pesos, sin especificar la exacta ubicación de los mismos.
Con respecto a los servicios de los que los manifestantes dijeron
carecer, el presidente de la UPR presentó las copias de los convenios
hechos por la unión y por CAASA, CCAPAMA y CFE, lo mismo que una
relación obtenida de la Secretaría de Finanzas (SEFI) donde consta que
se pagó por la instalación de agua y luz y que para ello los dueños
legítimos de los predios pagaron mil 890 pesos.
Cuentan con agua y alcantarillado los miembros de la Unión que han
hecho la aportación que, mediante el convenio tripartita que firmaron
los gobiernos estatal y municipal con la propia organización, quedó
estipulado que correspondería.
Bess-Oberto Díaz instó a los dirigentes colonos a acreditar la
propiedad de los predios y su militancia en la asociación civil que
preside mediante los contratos que, dijo, deben tener los dueños
legítimos de los inmuebles.
Descartó que en esta ocasión estén actuando por órdenes o con
intención de favorecer a Martín Orozco, como sucedió cuando éste fue
alcalde; sin embargo, consideró que el actuar de los manifestantes sí
responde a intereses políticos.
Anunció que la unión que encabeza procederá legalmente, siempre
apegándose a derecho y sentenció que si ante los medios los quejosos no
presentan pruebas, lo tendrán que hacer ante la autoridad.
Sobre la gente que ha resultado defraudada por los colonos, señaló
que no podrán escriturarle, pero ofreció el apoyo de asesoría y
patrocinio legal para recupere los montos que se le cobraron en la
inválida operación.
