Demanda la secretaria adjunta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lorena Martínez Rodríguez, que el congreso local realice tres acciones para poder garantizar un presupuesto de egresos con fines de desarrollo, en primer lugar, prohibiera el incremento a la deuda pública, en segundo lugar etiquetara al 100 por ciento los recursos y destinara los montos a rubros prioritarios como la educación para que no sean utilizados en las campañas electorales.
La ex diputada federal, exigió los diputados locales no cedan ante
la posibilidad de que el 23 por ciento de los recursos del presupuesto
queden sin etiquetar porque estos podrían estar siendo ocupados para su
inversión en las campañas políticas; es decir, cuidar un monto global
de 12 mil millones de pesos.
En conferencia de prensa, Martínez Rodríguez se hizo acompañar por
el diputado local priísta Edgar Busson Carrillo, quien explicó que
estos recursos ya han sido aprobados en presupuestos anteriores bajo el
esquema de gastos diversos o complementarios, esto en diferentes rubros
como son obra pública, educación, entre otros.
Señaló que estarán trabajando con los diferentes secretarios de
gobierno en comisiones para poder etiquetar estos gastos que en
campañas anteriores han servido para movilizar votos, “no dejaremos al
libre albedrío el uso de los recursos”.
Por su parte, Martínez Rodríguez explicó que la deuda pública,
deberá de cuidarse en el sentido de que durante los últimos nueve años
este apartado ha ido en incremento de mil 542 por ciento; “recordemos
que en el año 2000 su deuda era de 140.8 millones de pesos y para junio
del 2009, asciende a 2 mil 311.4 millones de pesos”.
Señaló que el pago de la deuda no ha sido bien administrado por lo
que se tienen comprometidos recursos como el Impuesto Sobre la Nómina
(ISN) y las participaciones federales, teniendo endosado este último
punto con un nueve por ciento en el 2001, mientras que tres años más
tarde llegó a representar el 28 por ciento, en 20007 representó el 57
por ciento y actualmente existe la tendencia de que sea mayor al 50 por
ciento.
A su parecer el gobierno del estado tiene “una falta de compromiso
con la educación pública” sin menospreciar la inversión en
universidades privadas, pero esto no significa que tengan que
sacrificarse los centros educativos públicos porque estos son los que
garantizan la movilidad social y le dan oportunidades a los sectores
vulnerables, puntualizó.
Por lo tanto, indicó que hay también una ausencia en la visión para
el desarrollo del estado, porque son precisamente las sociedades del
conocimiento las que generan la riqueza, además de que la universidad
llega a ser un instrumento para la mejora de la calidad de vida y
direccionarse hacia mayor equidad social.
Dijo que de concretarse esta disminución en el presupuesto,
estaríamos en las mismas condiciones de hace seis años, con la
necesidad de establecer las condiciones para una matrícula más amplia,
pero definitivamente estaría creándose un retroceso sexenal.
