Peor solución no podían haber creado nuestros políticos en esto de elaborar el paquete fiscal para 2010. La muy a menudo incomprensible prisa por atender unos tiempos apretados por angustias del ejecutivo, hizo que el poder legislativo diera grandes traspiés en cuanto al cumplimiento cabal de las formas y reglamentos que son necesarios. Y esto, no sólo para la adecuada discusión parlamentaria, sino también para la legalidad del procedimiento. El problema que enfrentaría la administración por el faltante de recursos que se proyectaba para 2010 les llevó a sacarse de la manga el falaz argumento del combate a la pobreza para justificar, ante el cada vez menos crédulo pueblo, el aumento de impuestos. La prisa, las verdades a medias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el fantasma del 2012, las críticas de la oposición de izquierda y las oposiciones que se han dado en el seno de los partidos mayoritarios hicieron del paquete fiscal para el próximo un tremendo menjurje con el que nadie está de acuerdo.
En protesta contra el aumento de impuestos, López Obrador demandó que no era concebible que se hiciera pagar al pueblo lo que los poderosos no pagaban. Ante la acusación que hiciera su némesis, el presidente Calderón no tuvo más remedio que declarar enfáticamente que era “inaceptable que empresarios sólo paguen el 1.7 por ciento de impuestos”. No apenas terminó de decirlo, las cúpulas empresariales reclamaron y en menos de 24 horas, en un foro en Miami, el presidente moderó y matizó su discurso. El asunto se diluyó argumentando una distorsión de cifras que la Secretaría de Hacienda proporcionó al presidente; el 1.7 corresponde al porcentaje de impuestos pagados sobre el total de ingresos, no sobre utilidades.
La danza de las cifras ha sido el principal ingrediente de la opacidad con la que se ha manejado el paquete fiscal. La discusión en torno a los porcentajes en que deberían aumentarse los impuestos hizo a todos perder el piso respecto a la verdadera necesidad de hacerlo. Una vez sacrificado el “borrego de distracción” que constituyó el 2% sobre el consumo, el IVA aumentaría “solamente” un punto porcentual. Luego, la distracción ocupó a todos en que si se aplicaba 4% ó 3% el impuesto a telecomunicaciones, que si el 2% adicional a la tasa máxima del ISR. Pero nadie propuso la obligación de ajustar el presupuesto de egresos para 2010 a lo que realmente la economía mexicana pueda pagar.
¿Por qué se negocia primero la Ley de Ingresos y después el Presupuesto de Egresos? ¿Por qué la primera es una Ley y el segundo no es más que un programa sujeto a la discrecionalidad del ejecutivo?
Tan distraídos en las cifras y porcentajes hemos andado que ni cuestionar el por qué no existen impuestos a las ganancias bursátiles ni a las especulativas. El por qué mantener las nuevas direcciones generales y direcciones de área creadas en lo que va del sexenio que nos cuestan 5 mil millones al año; más de lo que será la recaudación del nuevo impuesto a las telecomunicaciones. Tan ocupados en discutir la miscelánea fiscal sin entrar en la urgente y por muchos años diferida reforma fiscal. Pudiendo comenzar nuestros legisladores a corregir entuertos fundamentales en la equidad jurídica, como lo sería una ley de presupuesto y una modificación al código fiscal, se han desgarrado en los temas transitorios y coyunturales. Urgidos por una Secretaría de Hacienda enviada al Congreso para defender las prebendas de la alta burocracia, el legislativo ha validado los compromisos del ejecutivo con los poderes fácticos.
Las huestes del Sistema de Administración Tributaria, SAT, han dejado sentir su omnipresencia con una lluvia de requerimientos fiscales que sólo igualan a las trombas que azotan en estos días parte del territorio nacional: copiosas, sin causa aparente ni respeto a los tiempos. Acorazados por la inequidad jurídica, los auditores fiscales, acusadores de evasión, hacen recaer el cargo de la prueba de inocencia sobre el pequeño contribuyente acusado. A ver si con la presión, algo de jugo monetario se extrae para satisfacer la sed de la bestia burocrática que se niegan a reducir.
La enorme complicación de las regulaciones tributarias, la confusión de cifras y porcentajes juegan ya su papel intimidatorio que permite al sistema mantener los privilegios de unos cuantos. Los temores causados por la incertidumbre laboral, la crisis sanitaria, la costosa e ineficaz guerra contra la delincuencia organizada, los ineludibles aumentos de precios de alimentos, medicinas y energéticos, impiden a Juan Pueblo ver la militarización y pérdida de soberanía.
Poco se puede hacer ya con un poder legislativo que ha mostrado sus fracturas. A no ser que, esas mismas fisuras a lo interno de los partidos mayoritarios provoquen el fortalecimiento de la naciente opción de un frente progresista. Las grandes soluciones han nacido de pactos políticos amplios en grandes crisis. ¿Sería demasiado pedir?
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