Plantean organizaciones civiles un posible quebranto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la cantidad de personal contratado y despedido durante su periodo y toman sólo como un ejemplo el caso de Carolina Elizondo a la que por despido injustificado después de interpuesto un juicio por la afectada debieron pagarle un millón doscientos mil pesos cuando en realidad su liquidación podía haber sido de alrededor de 200 mil pesos.
El grupo de 16 organizaciones civiles que hasta ahora se han
manifestado contra la ratificación de Omar Williams López Ovalle
entregaron este documento de evidencias a los miembros de la Comisión
de derechos humanos del Congreso local, en la sesión que tuvieron ayer.
Los argumentos en contra del actual titular de la Comisión de Derechos
Humanos están divididos en cuatro puntos, recomendaciones,
capacitación, malas prácticas administrativas y posible quebranto
patrimonial.
Entre las organizaciones participantes de este manifiesto, Centro de
Desarrollo de la Mujer (CEDEMAC), Centro de Capacitación para el
Desarrollo Comunitario (CECADEC), Conciencia Ecológica de
Aguascalientes y Fundación Aguascalentense para la Cultura, la Academia
y el Deporte.
En el apartado de recomendaciones, citaron unas palabras de Omar
Williams López Ovalle haciendo referencia a la importancia de las
recomendaciones porque constituyen el medio más efectivo para responder
a las quejas y reclamaciones de la ciudadanía, sin embargo se dieron a
la tarea de hacer un comparativo entre las recomendaciones emitidas
durante el periodo de Luis Fernando Jiménez Patiño, anterior titular de
la CEDH y López Ovalle.
De acuerdo al análisis que realizaron durante el periodo de Jiménez
Patiño se hicieron 335 recomendaciones y en el caso de López Ovalle
fueron 108 recomendaciones, lo que significa 67 por ciento menos que su
antecesor, agregaron además que en el periodo más reciente fue que
recibieron mayor presupuesto que en el periodo anterior, así se
justifica mayor eficacia nunca al revés.
En la sección de capacitación, las cifras en nivel comparativo
también vuelven a ser menos que en el periodo anterior, pues según las
organizaciones López Ovalle anunció públicamente que durante su
administración se instruyó a 20 mil niños a través de los talleres de
derechos fundamentales y en el caso de su antecesor fueron 38 mil 604
niñas y niños de la entidad, en este rubro la diferencia de atención
fue de 48.2 por ciento.
Citaron en este mismo apartado una declaración anterior del diputado
panista Jesús Martínez, donde decía que su gestión era aceptable,
cuando en realidad ellos la consideran deplorable en comparación
incluso con las funciones anteriores.
En cuanto a las malas prácticas administrativas citaron dos casos de
publicaciones en que se hablaba de recomendaciones hechas por parte de
la comisión de vigilancia de la contaduría mayor de hacienda, sin
embargo más allá de esta observación ellos no presentaron en el
documento cifras por su cuenta que sustenten estas acusaciones.
En cuanto al quebranto patrimonial mencionaron el caso específico de
Carolina Elizondo, pero también mencionaron a otras siete personas y
fueron despedidas sin justificación y estas violaciones fueron dadas a
conocer públicamente. Con base en estas observaciones, las
organizaciones solicitaron a los diputados que hagan una auditoría a
fondo para hacer un análisis tanto de las finanzas como de otras
funciones relativas con las funciones básicas de la Comisión.
