El dictamen por el que la Comisión de Justicia rechazó la procedencia del juicio político que Nora Ruvalcaba, César Cervantes, Juan Gaytán y Antonio Martín del Campo solicitaron al Congreso local fue avalado ayer por la mayoría priísta, archivándose definitivamente como asunto concluido.
Todavía durante la comparecencia del secretario de Finanzas, el
presidente de la Comisión de Justicia, Enrique Rangel Jiménez, se
ausentó en varios momentos del salón de sesiones, regresando para
consultar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y otras normativas en
conjunto con el coordinador de la bancada, Fernando Palomino, varios
legisladores y personal de Procesos Legislativos y Secretaría General.
Tanto el dictamen como el voto particular de Nora Ruvalcaba fueron
sometidos a debate, que se tornó álgido y en el que Palomino Topete
sostuvo los argumentos bajo los que se declaró la improcedencia del
juicio, mientras que la legisladora les dio la vuelta citando diversos
artículos de la ley orgánica y las Constituciones local y federal, y
Vicente Pérez Almanza, pese a no ser actor en la denuncia presentada el
pasado 23 de octubre. Ambos documentos fueron sometidos a la votación
del pleno.
Entonces, los 14 diputados del grupo parlamentario del PRI emitieron
su voto a favor del dictamen y en contra del voto particular; a su vez,
el coordinador parlamentario de Acción Nacional, Jesús Martínez, y su
compañero de bancada Arturo Colmenero, se abstuvieron, repitiendo
Martínez González su actuar en la sesión de la comisión.
Los otros siete panistas, al igual que el independiente César
Cervantes, Vicente Pérez de Convergencia, Juan Gaytán del PVEM y la
propia perredista, emitieron votos en contra del dictamen y a favor del
voto particular que iba en el sentido de dar procedencia al juicio
político en contra del primer edil.
Ruvalcaba Gámez exhortó “a los miembros de la Comisión de Justicia
de extracción priísta para que (el dictamen) se integre en el diario de
debates” y criticó la emisión de tres dictámenes sobre el mismo asunto,
lo que vio como “legislación a la carta”.
Reiteró su postura del día anterior al afirmar que la votación no se
llevó de manera adecuada, acusando a los tricolores que en ella
participaron de ignorantes del derecho.
Los alegatos con base en los cuales el dictamen se tomó en sentido
negativo fueron que no se sustentaron las acusaciones en pruebas
fehacientes y suficientes, que el presidente municipal no es sujeto de
juicio político y que la comprobación los hechos de uso indebido de los
recursos públicos de los que se acusa al edil “por su naturaleza son de
los revisables en la cuenta pública de las entidades, ya que en ella se
considera todo registro de operaciones relativas a inversiones y
obligaciones que afectan a su patrimonio”.
