Cualquier instrumento de defensa ante el abuso de la autoridad o manifestación de inconformidad por una causa justa es válido, sin embargo más allá de eso lo que es realmente indispensable es contar con voluntad política para que entonces la voz de la ciudadanía tenga ya un peso específico en la toma decisiones, comentó Verona Valencia en torno a los hechos suscitados alrededor de la elección del ombudsman.
La titular del Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario (CECADEC), especificó que para el caso de la ratificación, más allá de que el actual ombudsman entrara también en competencia con los aspirantes, más bien debería darse un proceso donde fueron los ciudadanos quienes evaluaran el trabajo existente porque es finalmente a ellos a quienes se debe la comisión, que en el caso específico de López Ovalle, fue precisamente la opacidad de sus acciones lo que llevó a las organizaciones a manifestarse en desacuerdo con su gestión, no con su persona.
“Si en este caso el ombudsman hubiera hecho una muy buena labor creo
que las mismas organizaciones le estaríamos aplaudiendo y pediríamos
que continuará su labor”.
La activista cuestionó que finalmente quienes ratifican son personas
ajenas hasta cierto punto a lo que cotidianamente sucede con la
ciudadanía y entonces habría que reflexionar sobre este aspecto.
“Pensaría que la ley tendría que contemplar la voz de la ciudadanía con
hechos, con opiniones, con declaraciones de la manera en que han sido
defendidos sus derechos humanos, con puntos nodales trabajados
adecuadamente”.
Y no solamente que la ciudadanía tenga la participación, sino que
esta intervención tenga un peso importante porque si no es así puede
abrirse la convocatoria y la elección rondará en torno a la persona que
mejor defienda los intereses particulares y no los derechos humanos.
“La cuestión no es la no ratificación o la ratificación, sino la
voluntad política para permitir que una persona que tenga los
conocimientos y verdadero interés en defender los derechos humanos que
lo haga, ese es el nudo, de nada sirve la ratificación o la
convocatoria si la gente que decide no está lo suficientemente
sensibilizada para elegir a alguien que genere equilibrio”.
Además de la voluntad política para elegir al defensor de los
derechos humanos, Valencia planteó que hay muchos espacios que se han
ido abriendo a la participación ciudadana con lo que se da cuenta de
que las decisiones no pueden ir solamente con la visión del gobierno,
sino que hace falta la opinión de quienes viven de cerca las
situaciones para validar estas acciones.
Sin embargo las autoridades tienen todavía miedo de que los
ciudadanos encuentren cosas subterráneas, internas o de intereses
personales la voluntad política se diluye y las posibilidades de los
recursos interpuestos por los ciudadanos pierden fuerza. “En tantos
años en que he visto cómo se maneja el poder público y el político en
nuestro país y en nuestro estado, de repente dices de verdad ¿valdrá la
pena abrir una convocatoria?, el asunto sigue siendo la voluntad
política para actuar honestamente”.
Más allá de la elección, la ley de la CEDH tiene fallas que deben
ser corregidas y una de ellas pudiera ser incluir un apartado donde se
obligue a que en el proceso de elección esté incluida de manera
obligatoria la participación de la ciudadanía y principalmente las
organizaciones de la sociedad civil porque son quienes directamente
trabajan con la gente en situaciones vulnerables, pero eso habrá que
verlo más allá de la elección pendiente por ahora.
