No fue mediante un convenio que la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos (Atusa) adquirió la facultad de credencializar a los estudiantes para aplicar el descuento en las tarifas de camiones urbanos, afirmó ayer la subsecretaria de gobierno, María de los Ángeles Aguilera Ramírez, sino que “en algún momento hubo una publicación, según tengo entendido y necesitaría verlo para no equivocarme, de un acuerdo” que firmaron incluso los estudiantes en 2006.
Lo anterior, al ser cuestionada sobre las recientes acusaciones
hechas por los integrantes del Movimiento Popular para la Emancipación
Social (MOPES), quienes aludieron al decreto publicado el 15 de marzo
de ese año en el Periódico Oficial, donde se establece que sea el
Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) quien emita el
documento.
Aguilera Ramírez señaló que en aquella ocasión se acordó que “no era
definitivo” quién llevara ese procedimiento y explicó que “era un
acuerdo donde comparecieron y firmaron (…) todos: firmaron estudiantes,
firmó Atusa, firmaron todas las modalidades cuando pasó la otra vez lo
del transporte”.
Señaló que el IEA no está realizando ese trámite porque no tiene la
capacidad suficiente, pudiendo sólo cubrir la tramitación de la
credencial para estudiantes de educación básica.
Por otro lado, consideró que “es justo” que los jóvenes quieran
atraer reflectores, pero dijo que lo sería también que reconocieran que
se está trabajando en conjunto sobre este tema, descartando que de
parte del ejecutivo se tengan intenciones de romper el diálogo, como
aseguraran los jóvenes.
Subrayó que se ha cumplido con cada uno de los acuerdos que se han
tomado hasta el momento y señaló que los integrantes del MOPES “son los
que están más intranquilos en este momento”, pese a que también ellos
participan en las mesas de trabajo.
La funcionaria enfatizó que la cuestión del acuerdo “no está en el
sentido en que ellos lo mencionan y lo saben y lo hemos estado
platicando”; comentó que fueron los propios MOPES quienes “quisieron
romper la mesa” de trabajo, pero enfatizó que “ no venimos a hacer
grilla”, sino a trabajar.
“Si quieren politizar, por ciertos tiempos políticos esa cuestión”,
muy respetable, pero nosotros no vamos a permitir salirnos del esquema
que ya tenemos pactado”, expresó.
Acerca de la nueva ley de transporte, informó que se harán cambios a
la iniciativa enviada por Arturo Colmenero, pero que ese trabajo
corresponderá también a la subsecretaría jurídica de gobierno,
previendo que la propuesta modificada se entregue en el periodo
ordinario que se abrirá en Congreso mañana.
Finalmente, pidió paciencia al considerar que “no nos va a alcanzar
mucho el tiempo del sexenio” para resolver este problema, pero que poco
a poco se irá cambiando la calidad del servicio.
Habrá sanciones para choferes y concesionarios
Respecto a la calidad en el servicio de transporte, la subsecretaria
aseguró que “vamos a tener mano dura” tanto con choferes como con los
concesionarios que no respeten el cobro justo de la tarifa, así como en
cuanto al trato que den a los usuarios y otras situaciones que puedan
derivar en denuncias de la ciudadanía.
Por ello, destacó la importancia de llamar a Locatel, al 9102020 ó
al 066, en caso de alguna irregularidad, subrayando que es necesario
tomar el número de unidad y la ruta para poder sancionar como
corresponda.
Afirmó que se han implementado operativos que han derivado en la
suspensión de choferes y la multa a los concesionarios que incumplan
sus obligaciones, destacando que “los primeros días del operativo fue
un número elevado de choferes” que cobraron más de lo debido.
Al concluir, aclaró que en tanto los concesionarios no creen el
fideicomiso para la modernización del transporte, el siguiente
incremento pactado no se concretará.
