La comisión de justicia en el Congreso del estado declaró un receso en la sesión durante la cual presentaron tres dictámenes, dos en contra y uno a favor de someter a Gabriel Arellano Espinosa a juicio político, como solicitaron Nora Ruvalcaba, César Cervantes, Juan Gaytán y Antonio Martín del Campo, a fin de analizar ambos dictámenes y tomar una decisión definitiva el próximo viernes.
Tras pocos días de un solo análisis “la denuncia le fue turnada el 12 de noviembre-, se emitió un primer dictamen que declara procedente el juicio político en contra del primer edil, considerando que la comisión “competente para estudiar y dictaminar el asunto” y que las acusaciones se ven robustecidas “por las pruebas que los promotores anexan a su denuncia”.
Un segundo documento, que fue eliminado después de haberse declarado el receso, donde se rechazaba la solicitud de juicio político al señalar que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos no tenían a la figura de presidente municipal como sujeto a juicio político, iniciativa que aún no ha sido aprobada.
Y un tercer dictamen, que fue el que desencadenó la discusión, que declaraba el juicio improcedente por considerar que los denunciantes no aportaron las pruebas que sustentaran su denuncia y se atribuían funciones que corresponden al Poder Judicial.
Aún cuando el presidente de la comisión, el priísta Enrique Rangel
Jiménez, asegurara en días pasados que la bancada tricolor no cobijaría
a Arellano, puesto que no había mayoría en la comisión e incluso dos de
los denunciantes eran integrantes de ella, afirmaron que conforme el
artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ruvalcaba y
Cervantes debían excusarse de votar el dictamen.
Ello, porque dicho artículo establece que no podrán dictaminar los
diputados que tengan relación de parentesco o interés personal con los
implicados en el dictamen, ante lo cual la legisladora señaló que, si
alguien tendría dicho interés, eran los propios priístas.
Otro de los argumentos esgrimidos por los priístas fue el de que
nueve de los 10 hechos denunciados están relacionados con uso indebido
de los recursos públicos entre el 1 de agosto de 2008 y el 14 de agosto
de 2009, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización debe revisar
primero esas cuentas públicas y señalar observaciones para aplicar
entonces un proceso administrativo o penal.
Palomino Topete aseguró que dichas cuentas aún no están revisadas;
sin embargo, el jueves pasado y en ocasiones anteriores, integrantes de
la comisión de vigilancia han señalado que ya se tienen las revisiones
de de algunos entes fiscalizables porque se ha trabajado de manera
simultánea en ambos ejercicios.
En cuánto a la décima acusación, la de violar garantías individuales
y tomarse atribuciones que únicamente tiene el presidente de la
República al establecer el “virtual toque de queda” en algunas colonias
de la ciudad, el coordinador de la bancada del PRI y el presidente de
la comisión dictaminadora defendieron que los denunciantes no
comprobaron que se haya ejecutado.
Agregan también que es facultad exclusiva del Poder Judicial y que
en la denuncia no se incluye ningún pronunciamiento de esta autoridad
al respecto.
Los denunciantes, a su vez, coincidieron en solicitar una prórroga
para la dictaminación (la comisión tiene 20 días para hacerla) a fin de
que se le dé a Gabriel Arellano derecho de audiencia, en sesión
pública, ante quienes decidirán su desafuero, evitando que use la falta
del mismo como argumento para ampararse.
Acusaron también que la comisión dictaminadora no fue la que realizó
el análisis para emitir los tres dictámenes y señalaron que es
obligación de la comisión hacer las diligencias que se requieran para
comprobar los hechos denunciados.
Finalizada la sesión, Gaytán Mascorro aseguró que tanto él, como
Martín del Campo ratificaron la denuncia en el momento de haberla
presentado y que por eso no acudieron en la fecha que Nora Ruvalcaba y
César Cervantes lo hicieron.
